El Patronato de la Montaña de Montserrat (PMM), la entidad que gestiona la cuentas de la abadía benedictina, ingresó en 2017 dos millones en subvenciones irregulares concedidas por el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, antes de darse a la fuga tras el golpe de Estado separatista. Según la investigación de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, el PMM recibió un millón y medio de euros para "la prestación de servicios públicos en el interior de la zona urbana propiedad del monasterio" y medio millón para la rehabilitación de una pasarela de acceso al recinto religioso que se llevaron a cabo al margen de la normativa vigente.
El análisis de la Sindicatura de Cuentas concluye que el Patronato también pagó complementos salariales irregulares y fraccionó contratos de manera indebida. En el primer caso y a modo de ejemplo, el gerente percibió un aumento de sueldo que no pasó por la comisión ejecutiva del patronato y que se justificó por una ampliación de competencias. El incremento salarial tuvo efectos retroactivos, pero con fecha anterior a las nuevas competencias. En cuanto al fraccionamiento de contratos, esa práctica afectaría a muchos de los 59 contratos de servicios, 21 de suministros y seis de obras firmados en 2017. Según el informe de la Sindicatura, "los importes, las fechas, los tipos de contrato o la reiteración de contratos suponen un incumplimiento de lo establecido en el artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y, en consecuencia, se considera que hubo un fraccionamiento indebido de los contratos".
La Sindicatura también ha detectado que el PMM registró gastos por 175.884 euros que se corresponderían con "subvenciones directas otorgadas sin seguir el procedimiento establecido por la normativa vigente".
El Patronato de la Montaña de Montserrat fue creado en 1950 y dependía de la Diputación de Barcelona hasta la creación de la Generalidad. En 2017 tuvo unos ingresos de 4,09 millones de euros y gastos por 4,26 millones. Preside el organismo el presidente de la Generalidad y son vicepresidentes el abad, Josep Maria Soler, y el titular de la consejería de Presidencia. La plantilla está formada por un gerente, un director del parque natural, un funcionario y dieciséis empleados que se consideran personal laboral.
El gerente de la entidad, Xavier Aparicio, ha tratado de salir al paso del escándalo con la afirmación de que todas las anomalías ya han sido resueltas y que a partir de ahora seguirán las recomendaciones de la Sindicatura. También ha admitido que se fraccionaban los contratos para ahorrarse trámites.