La Sala II del Tribunal Supremo ha acordado hoy la petición del suplicatorio al Congreso de los Diputados para continuar el procedimiento penal contra la diputada de JxCat, Laura Borrás, a quien abrió una causa el pasado mes de diciembre por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Se investiga si cometió dichos delitos durante su etapa como directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).
A este efecto, el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, ha dirigido hoy un oficio al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para que traslade el suplicatorio para proceder contra Borrás a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. La petición se acompaña de una exposición razonada del instructor de la causa en el Supremo, el magistrado de la Sala II, Eduardo de Porres, que es quién ha instado el suplicatorio.
De Porres citó para el pasado 14 de febrero en el Supremo a Laura Borrás para prestar declaración voluntaria, en calidad de investigada en la causa, tal como la Ley le permite, pero la diputada optó por no acudir a la citación. A raíz de ello, el instructor preparó la exposición razonada para pedir su suplicatorio.
La Sala Segunda del Supremo abrió el pasado 17 de diciembre la causa a la diputada Borrás para investigar los indicios de diversos delitos apreciados por el Juzgado de Instrucción nº 9 de Barcelona, que elevó al Supremo una exposición razonada.
El Supremo destacó entonces que los hechos descritos en la exposición razonada enviada por el Juzgado de Barcelona y atribuidos a la persona aforada "podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental". El tribunal extendió su competencia, además de a Borrás, a Isaías Herrero Florensa, por la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye a esta persona y la que se imputa a la aforada.
Según la investigación del Juzgado de Barcelona, que se recoge en la exposición razonada del magistrado Eduardo de Porres dirigida al Congreso, hay indicios racionales de que durante los años 2013 a 2017, la ILC adjudicó 18 contratos menores por importe total de 259.863 euros, de forma directa o indirecta a través de sociedades, a Isaías Herrero, con quien Borrás, entonces directora del Instituto, mantenía una relación de amistad.
Borrás y Herrero habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes.