El cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, encargado de investigar la responsabilidad penal del Gobierno por la manifestación del 8-M "es una intromisión ilegítima en la independencia del Poder Judicial". Así lo aseguran los expertos jurídicos consultados por Libertad Digital.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituía este lunes al jefe de la Guardia Civil de Madrid por "pérdida de confianza" al no haber comunicado, según fuentes cercanas al instituto armado, que había remitido al Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel un informe sobre la investigación al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que "manejaba al menos tres días antes de la manifestación del Día de la Mujer datos que evidenciaban la gravedad de la crisis" de la covid-19.
Los expertos jurídicos consultados por este diario afirman que "la decisión adoptada por Grande-Marlaska es la más grave tomada durante el estado de alarma". "La Policía Judicial depende funcionalmente del juez, aunque orgánicamente dependa del Ministerio del Interior. A quién tiene que rendir cuentas, informar y a quién obedece es al juez. Informar al ministro sería intoxicar políticamente una investigación que afecta directamente al Gobierno".
En este contexto, el artículo 550.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que "los funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado una actuación o investigación concreta dentro de las competencias a que se refiere el artículo 547 de esta ley, no podrán ser removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente".
"Diego Pérez de los Cobos no era el autor del informe remitido a la magistrada, pero era el jefe de los investigadores y al ser cesado se está presionando, intimidando, amedrentando y trasladando un mensaje a sus subordinados que les va a afectar de cara a las investigaciones. Es una burla al papel del juez", añaden.
Además, el artículo 126 de la Constitución Española señala que "la policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca".
"A pesar de este ataque a la independencia del Poder Judicial, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, no se ha pronunciado al respecto y mantiene su silencio", denuncian.
Franco imputado por el 8-M
Precisamente, la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel citaba como investigado al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, el próximo 5 de junio por permitir la manifestación del 8-M en plena crisis de la covid-19. Franco es investigado por un supuesto delito de prevaricación.
La magistrada concluía su providencia en la que imputaba a Franco afirmando que "constatándose que el resultado de algunas de las diligencias de investigación están difundiéndose en los medios de comunicación, se advierte a las partes personadas – Fiscalía y Abogacía del Estado– y al personal de este órgano judicial que la difusión de documentación aportada a la causa o del resultado de lo actuado puede dar lugar a responsabilidad, en su caso, incluso penal".
"Reitérese también a la Policía Judicial actuante la orden que se diera al inicio de esta investigación relativa a que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan, de modo que sólo se informará a esta Magistrada-Juez, oficiándose en su caso a los efectos oportunos", concluía.