El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros una nueva subida salarial para los efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Se trata del tercer tramo que pactó el Ministerio del Interior con las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y los sindicatos de la Policía Nacional en marzo de 2018 y que tenía como objetivo acercar el sueldo de los agentes estatales con el de los autonómicos.
El montante económico será de 247 millones de euros, tal y como quedó establecido hace dos años, pero todavía quedaban pendientes flecos importantes que negociar, como el reparto que tocará a cada cuerpo, lo que deja en evidencia que la aprobación se podría circunscribir a un intento de dar oxígeno a Fernando Grande Marlaska, que se encuentra sumamente cuestionado por la seria crisis que acaba de generar en la Guardia Civil.
Es por ello que el ministro ha asegurado que los efectivos de las Fuerzas de Seguridad verán este incremento en sus nóminas en "próximos meses", es decir, que todavía no se sabe a partir de qué mes se verá reflejada la subida salarial. Cuando se haga, será con carácter retroactivo desde el 1 de enero, es decir, que en la primera nómina con esta subida salarial se incorporará también el tramo que debieron cobrar los meses que hayan trascurrido desde enero.
La pandemia de coronavirus cogió al Ministerio del Interior en plenas negociaciones con los sindicatos y asociaciones profesionales para ver cómo se hacía ese reparto. Desde entonces el tema no se ha vuelto a tratar, ni siquiera telemáticamente, una opción que habría sido viable. Es decir, queda una de las cuestiones más peliagudas, que ya supuso un importante dolor de cabeza para Marlaska en 2019.
Ahora Interior decidirá por su cuenta y riesgo cómo hace ese reparto. Si vuelve a repetir el que se hizo en 2018: 59 por ciento Guardia Civil y 41 por ciento Policía Nacional. Si opta por el de 2019, que puso en guerra a las asociaciones de guardias civiles: 57,58% Guardia Civil y 42,72% Policía Nacional. O si opta por una tercera vía que decidan los técnicos de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Lo pactado entre los representantes de los agentes y el Ministerio del Interior (en aquel momento en manos del popular Juan Ignacio Zoido) fue una subida salarial total de 807 millones de euros, que se haría de manera escalonada en tres años. Eso y una auditoria para ver si ese montante económico era suficiente para equiparar el salario y que dijo que sí lo era, aunque desde asociaciones y sindicatos creen que fue por presiones del propio Marlaska.
En total, según los cálculos del Ministerio del Interior, tras este tercer tramo de la supuesta equiparación salarial, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil verán incrementadas sus nóminas en un 20 por ciento respecto a lo que percibían en 2017.