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La acusación pide a la juez del 8-M que impute a Fernando Simón por "flagrante dejación de funciones"

Pide que se le investigue por desobediencia y por denegación de auxilio, además de considerar que incurrió en una "flagrante dejación de funciones".

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Pide que se le investigue por desobediencia y por denegación de auxilio, además de considerar que incurrió en una "flagrante dejación de funciones".
Fernando Simón. | EFE

La acusación que ejerce la Asociación contra la Gestión del Coronavirus ha solicitado a la juez que instruye la causa sobre el 8-M que cite como investigado (imputado) al director el Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón.

En un escrito remitido a la juez, esa asociación solicita además que se investigue por un delito contra los derechos fundamentales al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, único imputado en la causa, por una presunta prevaricación.

En el caso de Simón, el letrado Víctor Valladares pide que se le investigue por desobediencia y por denegación de auxilio, además de considerar que ha incurrido en una "flagrante dejación de funciones" en la gestión de la pandemia. Asimismo señala, entre otras cuestiones, que animó a asistir a la manifestación con motivo del Día de la Mujer. Tanto en su caso como en el de Franco, la acusación se apoya en el informe presentado por la Guardia Civil a la titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid.

La acusación se centra en buena medida en las reuniones mantenidas los días 5 y 6 de marzo por Simón y el ministro, Salvador Illa, con los organizadores de un congreso evangélico que debía celebrarse en España entre los días 19 y 21 de ese mes, y en los argumentos que —según el informe— les dieron para no celebrarlo.

El propio Simón ha explicado en rueda de prensa que ese informe no menciona que al Congreso iban a asistir personas de 120 países, algunos de ellos de riesgo, y que esa era una de las circunstancias que ya se intentaban evitar en esos momentos.

La acusación sostiene que el epidemiólogo actuó de forma "evidentemente dolosa" prohibiendo unas manifestaciones y permitiendo e incluso "animando" a asistir a la del 8-M.

Así, la acusación quiere que la juez reclame todas las comunicaciones existentes entre el Ministerio de Sanidad y el Centro de Coordinación de Emergencias relativas al coronavirus desde el 30 de enero de 2020 hasta el 15 de marzo de 2020 para determinar si desde el primero requirieron al segundo el auxilio que establece la ley y, de lo contrario, proceder contra Illa ante el Tribunal Supremo.

En cuanto a Franco, se trata de una ampliación de denuncia por las supuestas presiones que, de acuerdo con el informe de la Guardia Civil, se hicieron desde la Delegación del Gobierno para la desconvocatoria de otras manifestaciones convocadas entre el 5 y el 14 de marzo.

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