La crisis interna que está sufriendo la Guardia Civil, la más grave desde que se conoció que el exdirector general Luis Roldán había saqueado las arcas del cuerpo durante su gestión, sigue coleando. Una situación provocada por el cese fulminante del jefe de la Comandancia de Madrid por negarse a facilitar datos sobre el informe judicial del 8-M, al que se sumó después la dimisión del Director Adjunto Operativo y la salida del número tres del cuerpo.
El portavoz de la Unión de Oficiales, una de las asociaciones profesionales con representación en el Consejo del Instituto Armado, Jesús Martín Vázquez, se ha mostrado este jueves bastante comprensivo con la situación interna que está atravesando la institución durante esta semana, debido a que "es complicado dirigir caprichosamente –en alusión a las actuaciones de Marlaska y su equipo– a un cuerpo en el todavía quedan hombres de honor".
En una entrevista en Es la tarde de Dieter, el programa que dirige y presenta Dieter Brandau en esRadio, ha mostrado su "inquietud" por lo que está sucediendo estos días, entre otras cosas porque "se está deteriorando la imagen del cuerpo y la imagen de neutralidad". Es por ello que ha explicado que ya han pedido explicaciones internas de estos hechos, solicitando una reunión extraordinaria del Consejo de la Guardia Civil.
Sobre las informaciones publicadas por algunos medios muy próximos al Gobierno, en las que se acusaba a la Guardia Civil de manipular las declaraciones de algunas testigos en el informe judicial relativo al 8-M, ha advertido que cuando se usa el término "manipular" se puede estar incurriendo en un delito, ya que se acusa a los agentes de la Benemérita de un posible delito de falsedad en documento público.
"Se está intentando desacreditar un trabajo que, por lo que yo sé, está bastante bien hecho. Por lo menos hasta que deban declarar el instructor y el secretario. Se está acusando a un instructor y a un secretario de un delito de falsedad, porque se habla de manipulación", ha añadido.
Sí ha abierto la puerta a que pueda haber algunos errores puntuales que, según ha dicho, pueden ser corregidos cuando el capitán instructor y el teniente secretario que lo han realizado tengan que declarar sobre el mismo ante la jueza que lleva el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, en el que se decidirá, entre otras cosas, si el delegado del Gobierno en Madrid cometió o no un delito de prevaricación al permitir la manifestación del 8-M.
Sobre estos hechos, ha adelantado que la asesoría jurídica de la Unión de Oficiales está en estos momentos analizando la posibilidad de tomar acciones legales, aunque no ha querido especificar de qué tipo de acciones legales ni contra quienes. Eso sí, las mismas se tomarían en un espacio corto de tiempo.