La Unión de Oficiales (UO), una de las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de la Guardia Civil, ha solicitado en las últimas horas poder personarse en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid contra el delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8-M en plena crisis sanitaria por el coronavirus. Piden poder entrar en la causa como acusación popular.
La decisión fue tomada en la Junta Directiva de la asociación el pasado miércoles, cuando ya se había iniciado la crisis interna en el Instituto Armado por el cese fulminante del coronel jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por negarse a facilitar datos, precisamente, sobre el informe que realizaron agentes bajo su mando para esta causa, y la posterior dimisión del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil.
La petición ha sido registrada a través de la plataforma jurídica LexNet e incluye un escrito en el que solicita la incorporación a la causa a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, titular del juzgado en el que se ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid por un presunto delito de prevaricación administrativa.
El portavoz de UO, Jesús Martín Vázquez, ya anunció ayer que su asociación iba a presentar acciones legales en una causa que estaba relacionada con la polémica del 8-M y el informe judicial elaborado por la Guardia Civil, pero no especificó en cuál. Lo hizo en una entrevista en Es la Tarde de Dieter, en esRadio, en la que además vio normal la crisis interna en la Guardia Civil porque "es complicado dirigir caprichosamente a un cuerpo en el que todavía quedan hombres de honor".