La Asociación Judicial Francisco de Vitoria AJFV ha solicitado que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dimita o sea cesado por haber "perdido toda legitimidad para cualquier cargo ejecutivo". Todo ello, tras desvelarse el escrito firmado por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en el que se aseguraba que el coronel Diego Pérez de los Cobos había sido destituido por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento".
En un comunicado, la AJFV considera "inaceptable" que un Estado democrático permita a un ministro de Interior "tomar represalias contra un alto mando de la Policía Judicial por no desvelar actuaciones de investigación policial en el marco de una instrucción", lo que para AJFV "no es otra cosa que una sanción", en contra de lo manifestado por el propio ministro en un primer momento, cuando justificó dicho cese en una supuesta "pérdida de confianza".
Además, esta asociación sostiene que todo ello es todavía más reprochable en el caso de Marlaska por su condición de magistrado y, por tanto, "ser perfecto conocedor de que la Policía Judicial depende funcional y directamente de jueces y fiscales", tal y como recoge la normativa que regula su funcionamiento: "Es inadmisible que un magistrado se conduzca de esta manera, porque responde a un conocimiento de la irregularidad y a una voluntad clara de actuar así".
AJFV denuncia también que este cese supone una "flagrante vulneración del principio de separación de poderes", además de reflejar un "intento de modificar el curso de investigaciones judiciales mediante el conocimiento privilegiado de lo actuado que permita a los investigados explorar líneas de defensa para contrarrestar", todo ello al margen de los cauces establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por último, termina recordando que "lo grave no es qué investiga la Justicia, sino que un Gobierno pueda influir en esa investigación judicial".
Desde la Asociación Profesional de la Magistratura APM aseguran que "la decisión del Ministro de Interior, amparada, justificada y sustentada por el presidente del Gobierno, es incompatible con los principios esenciales en los que se basa nuestro Estado de derecho, la separación de poderes y el imperio de la Constitución como norma fundamental que nos hemos dado todos los españoles como salvaguarda de una convivencia pacífica.
"Desde el respeto a nuestra independencia y a la división de poderes", añade la APM, "creemos que no nos corresponde como asociación judicial instar ceses o dimisiones, pero por el mismo motivo pedimos al Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno del Poder Judicial y garante constitucional de su independencia, que adopte las medidas necesarias para proteger ese principio y asegurar que los Jueces puedan desarrollar su labor sin injerencia alguna".
Por último, Foro Judicial Independiente FJI asegura que "los hechos son muy graves. El ministro ha mentido y ha atentado contra la separación de poderes, al tratar de conocer el contenido de un Informe encargado en el marco de unas diligencias que pueden dar lugar, en última instancia, a declarar responsabilidades penales de miembros del Gobierno del que forma parte. El ministro del Interior, Sr. Grande-Marlaska, es juez. Todo lo acontecido, no solo le deja en evidencia para el ejercicio del cargo que desempeña, sino que le compromete gravemente y le deslegitima para volver a ejercer la función judicial".
"Desde Foro Judicial Independiente llevamos años reclamando reformas para garantizar una efectiva separación de poderes que refuercen la independencia judicial, y al tiempo venimos solicitando que se ponga fin a las puertas giratorias que permiten pasar de la judicatura a la política, y vuelta a la judicatura, sin ninguna restricción o cautela, pero con un gran coste en la confianza del ciudadano en el Poder Judicial. Los hechos que hemos conocido hoy son una muestra más de la necesidad de que la investigación penal esté a cargo de una autoridad independiente, con todos los medios a su disposición, incluida una policía judicial que dependa orgánica y no solo funcionalmente, de jueces y magistrados", concluyen.
Por su parte, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia no ha emitido ningún comunicado sobre la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.