La resolución del Tribunal Supremo que prohíbe la exhibición de banderas no oficiales en edificios de las Administraciones Públicas ha soliviantado al separatismo catalán, cuyos partidos y líderes están acostumbrados a convertir los edificios oficiales en espacios propagandísticos a base de lazos amarillos, pancartas sobre los presos por sedición y malversación y banderas independentistas.
Así, diversos miembros de la CUP, ERC y Junts per Catalunya se han pronunciado en las redes sociales en contra de acatar la resolución del Supremo, emitida tras un recurso de la Abogacía del Estado contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que permitía al ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lucir una bandera independentista canaria al lado de su sede.
Según la sentencia del Supremo, las banderas no oficiales no representan al conjunto de la ciudadanía, por lo que no tienen cabida en los edificios públicos. La resolución también abunda en el hecho de que porque una resolución haya sido adoptada por un pleno municipal por mayoría eso no quiere decir que esté ajustada a Derecho. También se refiere a la necesaria neutralidad de los edificios públicos e insiste en que la libertad de expresión es un derecho ciudadano, no de las administraciones.
El independentismo no rebate ninguno de esos argumentos, sino que se limita a las proclamas. Así, el alcalde de la localidad gerundense de Celrá, Daniel Cornellà, de la CUP, ha asegurado en Twitter que "ningún tribunal puede prohibir una bandera de libertad", texto que ha acompañado con una imagen del consistorio en la que una bandera LGTBI y una estelada flanquean a la señera oficial. Cornellà es un edil muy activo en las protestas de los Comités de Defensa de la República (CDR) y fue detenido durante unas horas por su participación en el asalto a las vías del AVE en Gerona.
#28J #LGTBI #Celrà cap tribunal pot prohibir una bandera de llibertat pic.twitter.com/ODP6XcKS6d
— Dani #Llibertat (@danicornella) June 1, 2020
Torra no reconoce al TSJC
El presidente de la Generalidad, Quim Torra, ha hecho suya la soflama de Cornellà y ha añadido que "ningún tribunal ni ningún Estado" pueden prohibir las banderas. El dirigente separatista ha aprovechado la resolución del Supremo para recordar su caso.
Totalment d’acord. Ni cap tribunal, ni cap estat. https://t.co/DzTdcXIxTF
— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) June 1, 2020
Así, asegura que "me piden una inhabilitación de 18 meses y una multa por cumplir mi deber como presidente. He sido despojado de mi condición de diputado. Sí, esto ha pasado para reclamar la libertad de los presos políticos y exiliados". Torra se niega a reconocer al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ya le condenó a una inhabilitación de 18 meses por negarse a retirar la propaganda partidista de la fachada del edificio de la Generalidad.
Em demanen una inhabilitació de 18 mesos i una multa per complir el meu deure com a President. He estat desposseït de la meva condició de diputat. Sí, això ha passat per reclamar la llibertat dels presos polítics i exiliats. pic.twitter.com/eSkbQaemOz
— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) June 1, 2020
También se ha pronunciado el expresidente prófugo, Carles Puigdemont, quien en un mensaje en la misma red social ha afirmado: "La 'justicia' española sigue haciendo política sin necesidad de presentarse a las elecciones. Todo muy normal en la democracia que han construido desde la sucesión de Franco. Prohibir una expresión simbólica democrática es lo que atenta contra la Constitución".
La "justícia" espanyola continua fent política sense necessitat de presentar-se a les eleccions. Tot molt normal en la democràcia que han construït des de la successió de Franco. Prohibir una expressió simbòlica democràtica és el que atempta contra la constitució. https://t.co/3QBedYCqF3
— Carles Puigdemont (@KRLS) June 1, 2020
La resolución del Tribunal Supremo debería comportar la retirada de las esteladas que figuran en las fachadas de los ayuntamientos catalanes gobernados por fuerzas separatistas, pero no parece que la intención de ERC, JxCat y la CUP sea la de acatar la sentencia. Consideran que no vulneran ningún principio de neutralidad y que los edificios públicos son de quienes han ganado las elecciones o forman el gobierno a base de alianzas.