"No voy a dimitir porque, como he dicho y repetiré, no he cometido ninguna ilegalidad ni yo ni mi equipo. Yo no he cesado a Pérez de los Cobos, sino que ha sido el secretario de Estado a propuesta de la directora de la Guardia Civil". Este es el cortafuegos que ha levantado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para evitar su posible imputación por prevaricación por el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, tras negarse a informar a sus superiores sobre las investigaciones del 8-M.
Un cese justificado por Interior y por el propio Grande-Marlaska por supuesta "pérdida de confianza" y "reestructuración de equipos" hasta que El Confidencial desvelaba el escrito firmado por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en el que se aseguraba literalmente que el mando fue relevado por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento", sobre la causa del 8-M que investiga la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, la llave judicial que abra el posible caso Marlaska y su posible imputación "pasa necesariamente por que la magistrada Carmen Rodríguez-Medel cite como testigos al secretario de Estado de Seguridad y nº 2 de Interior, Rafael Pérez Ruiz y a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez".
Las mismas fuentes apuntan que "el delito más sencillo de acreditar sería el de prevaricación tras conocerse el escrito del cese de Pérez de los Cobos firmado por Gámez, ya que ese documento es la prueba". No obstante, "también podrían encajar otros posibles ilícitos penales como coacciones, obstrucción a la justicia o inducción de revelación de secretos".
"Después de que Grande-Marlaska señalara a su número 2 en Interior y a la directora general de la Guardia Civil como responsables del cese de Pérez de los Cobos, el ministro del Interior sólo podría ser imputado si sus subordinados contradijeran su versión y apuntaran hacia él", añaden.
Al estar aforado, el ministro tendría que ser citado como investigado en el Tribunal Supremo, después de que la magistrada Rodríguez-Medel remitiera una exposición razonada al Alto Tribunal. Previamente, la juez instructora sí podría pedir la declaración de Grande-Marlaska en calidad de testigo y estaría obligado a decir la verdad.
Tras conocerse el cese de Pérez de los Cobos, la magistrada Rodríguez-Medel advertía a Interior en un escrito señalando que "desde el primer día" de la investigación, dio "orden expresa" a la Policía Judicial de "guardar rigurosa reserva" sobre la evolución y resultado de las investigaciones encomendadas, así como "de todas las informaciones" que a través de ella obtengan, de modo que "sólo se informará a esta magistrada-juez".
La instructora añadía que "la infracción de dicho deber será corregida disciplinariamente sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiera dar lugar —que pudieran ser penales—", una cuestión que hasta la fecha no le consta que se haya producido pero que "podría dar lugar a la correspondiente investigación" por el juzgado en caso de que así fuera.
María Gámez denunciada por prevaricación
Tal y como publicó este diario, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha sido denunciada por un delito de prevaricación. La Asociación de Consumidores y Usuarios, que ya está personada como acusación popular en la causa del 8-M el Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, presentaba la denuncia contra Gámez en el Juzgado de Guardia de la capital, tras desvelarse el escrito sobre el cese de Pérez de los Cobos.
Según la denuncia, "la orden de investigar, conocer y desvelar pesquisas realizadas por la Guardia Civil en funciones de Policía Judicial que desobedeció el Coronel D. Diego Pérez de los Cobos contraviene" hasta 5 preceptos legales.