La Abogacía General del Estado que dirige Consuelo Castro acusa a la Guardia Civil de "hacer literatura" con sus informes en la causa del 8-M y a la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, de efectuar una "búsqueda voraz" en la causa.
En un nuevo escrito remitido a la juez instructora este lunes, adelantado por El Confidencial, la Abogacía General pide el archivo de la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, asegurando que "actuó correctamente en el ejercicio de sus competencias" al no prohibir la manifestación del 8-M. Franco comparece mañana en calidad de investigado por un delito de prevaricación.
La Abogacía vuelve a arremeter también contra la propia instructora Rodríguez-Medel a la que acusa de "no investigar indicios de delito, sino encontrarlos". Todo ello, afirma, en una "búsqueda voraz" de investigar manifestaciones como la del 8-M a partir de "meras sospechas huérfanas de apoyo". Además, sostiene que el caso "nació con tendencia a ser una causa general contra la gestión de la crisis sanitaria y ello ha quedado patente en los informes de la Policía Judicial.
Los servicios jurídicos del Gobierno de Pedro Sánchez atacan nuevamente a la Guardia Civil, acusándola de "hacer literatura" con sus informes, afirmando que existe una "total ausencia de fiabilidad y credibilidad" de sus atestados por realizar "una exposición reduccionista e incompleta", incurriendo en "imprecisiones esenciales" y realizando "lecturas sesgadas y parciales".
En referencia al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias CCAES, Fernando Simón, la Abogacía critica a la Guardia Civil por efectuar pesquisas contra "quien no tiene la condición de investigado".
Los informes de la UE y del CCAES sobre el covid
La Abogacía General del Estado también alude al informe del 2 de marzo por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ECDC en el que alertaba de que la covid-19 es una enfermedad "altamente contagiosa" y recomendaba a los países evitar "reuniones masivas innecesarias". "Es inadmisible que se siembre la duda o sospecha de ocultación de este informe por el CCAES", afirma la Abogacía.
También recrimina a la benemérita que dé por hecha la existencia de un "informe fantasma", publicado en los medios de comunicación, para insinuar que Simón ha ocultado un documento del CCAES de 10 de febrero con datos sobre el coronavirus. "Apartándonos de la literatura, tanto de la fuente como del informe, el hecho objetivo y público es que el informe técnico de 10 de febrero de 2020 está y ha estado siempre en la web del Ministerio, siempre ha estado accesible para su consulta", sostiene la Abogacía.