No hay día sin que el vicepresidente segundo del Gobierno esté en el ojo del huracán. Pablo Iglesias comparecía este martes en la sala de prensa de la Moncloa junto a la ministra portavoz, María Jesús Montero, y el titular de Sanidad, Salvador Illa, después del Consejo de Ministros.
Lo hacía para dar cuenta de la aprobación de la Ley Rhodes contra los abusos sexuales a menores, una norma de su departamento, pero en el turno de preguntas volvía a acaparar todo el protagonismo. Iglesias tenía entonces oportunidad de reafirmarse y reiterar sus acusaciones contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la gestión de las residencias de ancianos durante el momento álgido de la crisis del coronavirus, que según el líder de Podemos podría ser, incluso, un "crimen" como llegó a decir el lunes en una entrevista en Televisión Española.
Lo hacía basándose, una vez más, en una palabras del consejero madrileño de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, donde habría reconocido la posible ilegalidad en la conducta del Gobierno madrileño de coalición, un extremo negado este mismo martes por el vicepresidente Ignacio Aguado. Pero además de eso, y sentado a apenas unos metros de Illa, Iglesias reiteraba en múltiples ocasiones que, bajo el mando único establecido por el estado de alarma, correspondieron a Sanidad todas las decisiones tomadas acerca de las residencias.
"Declaramos a través del Ministerio de Sanidad, que era en este caso la autoridad que encarnaba el mando único [para entonces ya lo había remarcado cuatro veces en la misma rueda de prensa], la consideración de servicios esenciales a los trabajadores de las residencias de mayores, para que tuvieran la misma consideración que los trabajadores sanitarios, y la instrucción de que en el reparto de equipos de protección individual que llevaban a cabo en el marco de sus competencias las comunidades autónomas le dieran la misma consideración. Yo creo que es evidente quién tenía la competencia y quién tenía la responsabilidad en este caso sobre las residencias" señalaba Iglesias dentro de su acusación a Madrid y otras autonomías, pero dejando claro que, en cualquier caso, no cabría atribuir ninguna responsabilidad a su departamento, ubicado curiosamente en el edificio del ministerio de Sanidad en Madrid.
Lo cierto es que, durante el estado de alarma, decretado por el Gobierno el pasado 14 de marzo por primera vez, cualquier orden o modificación en materia sanitaria de las comunidades autónomas debería contar con el aval de Salud Pública, un organismo del Ejecutivo central. Un aspecto que en otra materia sensible, como la compra de material, generó no pocas quejas de los gobiernos de las distintas autonomías, que atribuyeron al ministerio de Illa pecar de inexperiencia, como habría quedado de manifiesto en las compras defectuosas en China en los primeros momentos de la pandemia.