El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha rechazado el recurso de reforma presentado por Pablo Iglesias contra la decisión del magistrado de retirarle la condición de perjudicado en la llamada "pieza Dina" del caso Villarejo, en la que se investiga el supuesto robo del teléfono móvil de su exasesora, Dina Bousselham. Según el auto, "Iglesias devolvió dañada su tarjeta de memoria a Bousselham".
En su recurso, Iglesias sostenía su condición de víctima de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, trazando una conexión entre el encargo de la sustracción del móvil a Dina Bousselham con fines políticos, la publicación en Okdiario de imágenes procedentes del terminal sustraído y el investigado José Manuel Villarejo, a quien sitúa como ejecutor del plan para perjudicarle ante la opinión pública.
El juez sostiene en su auto de 10 páginas que al inicio de la investigación Iglesias tuvo la condición de perjudicado, pero a medida que ha ido evolucionando la instrucción de esta causa y con la aportación de datos nuevos se ha revelado un escenario diferente que conduce a revocar dicha condición de perjudicado.
García Castellón argumenta que el vicepresidente del Gobierno tuvo en su poder la tarjeta del teléfono de Dina Bousselham antes de que se crearan los archivos hallados en poder de José Manuel Villarejo. En este sentido, la investigación, dice el juez, ha acreditado que recibió la tarjeta el 20 de enero de 2016 y que no se han encontrado en poder de Villarejo dispositivos con esa información anteriores al 14 de abril de ese año.
El magistrado indica que Iglesias ocultó a Bousselham la posesión de la tarjeta de memoria hasta meses después. "Se infiere de lo actuado que el señor Iglesias, pese a ser conocedor del contenido de la tarjeta y de la sustracción de la misma, no devolvió a Dina la tarjeta hasta tiempo después, con consecuencias para el esclarecimiento de los hechos investigados", señala el magistrado.
Este comportamiento, continúa el instructor, se manifiesta incompatible con la dimensión que el recurrente pretende dar a la sustracción de la tarjeta "y lo desvincula completamente del argumentario sostenido, respecto a la presunta injerencia política". "La omisión de Pablo Iglesias tuvo influencia en la investigación de los hechos que Dina Bousselham pretendía esclarecer", destaca.
El juez considera importante remarcar que el recurrente recibió la tarjeta de manos de Antonio Asensio y no le dijo nada a Dina pese a saber que contenía información personal e íntima de su titular y que, además, la tarjeta había sido obtenido de forma ilícita. Para el juez esta pasividad resulta incoherente con las manifestaciones realizadas en sede judicial por Iglesias, y "confirman (de nuevo) que no puede ser tenido por perjudicado en ningún caso".
La resolución explica que Iglesias devolvió a Bousselham la tarjeta del móvil dañada, que incluía imágenes de capturas de intervenciones del líder de Podemos en grupos de mensajería. El magistrado dice que se desconoce el motivo por el que su exasesora hizo estas fotografías, pero resulta acreditado que cuando Iglesias accedió al contenido de la tarjeta, el 20 de enero, pudo ver que estas imágenes estaban allí como él mismo reconoció, admitiendo que examinó el dispositivo en un ordenador de la sede del grupo editorial de Asensio.
Además, el juez explica que la propia Dina declaró en sede judicial que Iglesias sabía lo que había dentro de la tarjeta porque él mismo se lo dijo. "Es probable —concluye el juez— que este último apunte pueda ser la clave para entender no solo porque Pablo Iglesias Turrión no devolvió la tarjeta a la señora Bousselham, sino lo más relevante, el estado en que se la devolvió".
Orden Internacional de Investigación a Reino Unido
El magistrado Manuel García Castellón ha acordado también solicitar una Orden Internacional de Investigación a las autoridades judiciales competentes de Reino Unido para averiguar el estado en que la empresa Recuperación Express recibió la tarjeta remitida en fecha de 29/09/2017 por Ricardo Sa Ferreira. Interesando la aportación de la Documentación que guarde la empresa (incluidas fotografías y descripción) del estado en que se encontraba la tarjeta, y de las actuaciones que se realizaron sobre la misma. Estado de la tarjeta en el momento de la devolución a su remitente y motivo de remisión.
También, la identificación de la persona que recibió la tarjeta, así como del técnico u operario que la examinó y llevó a cabo actuaciones sobre la misma, y del representante legal de la citada empresa y un interrogatorio del representante legal de la empresa que recibe la tarjeta, para conocer los procedimientos o pautas de actuación que, con carácter general, se siguen cuando se recibe una tarjeta, qué actuaciones realizan para proceder a la obtención de información y qué afectación puede tener sobre la tarjeta.
Por último, el juez reclama otro interrogatorio de la persona que recibió la tarjeta, así como del técnico u operario que la examinó y llevó a cabo actuaciones sobre la misma, a efectos de determinar qué actos concretos realizó sobre la misma.