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Iglesias cambia a su abogada en el 'caso Dina', Marta Flor, por un letrado cercano a Enrique Santiago en pleno escándalo

Marta Flor seguirá defendiendo, por el momento, a Dina Bousselham a pesar de que trabaja para Podemos y Pablo Iglesias.

Marta Flor seguirá defendiendo, por el momento, a Dina Bousselham a pesar de que trabaja para Podemos y Pablo Iglesias.
La exasesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham y la abogada Marta Flor. | EFE

Pablo Iglesias ha decidido cambiar a su abogada en el caso Dina, Marta Flor, por un letrado cercano al líder del PCE, Enrique Santiago. A partir de ahora, Raúl Maíllo le defenderá. El vicepresidente del Gobierno toma esta decisión en pleno escándalo desatado por la estrecha relación de Flor con el fiscal Anticorrupción, Ignacio Stampa.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, requería la semana pasada a la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, para que designase a un abogado de su confianza ante el conflicto de intereses por compartir a la letrada Marta Flor con el vicepresidente del Gobierno. Todo ello, mientras se dirime la posible imputación de Iglesias en el caso ante el Tribunal Supremo.

La decisión del instructor tendrá que hacerse efectiva cuando sea firme el auto. Mientras, Marta Flor seguirá defendiendo por el momento a Bousselham a pesar de que trabaja como asalariada de Podemos y su jefe, por tanto, es Pablo Iglesias.

Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, "deontológicamente es un problema que Marta Flor defienda a Dina Bousselham porque es la víctima y Pablo Iglesias es el que paga su salario. Marta Flor conoce los secretos de Iglesias y de Bousselham y por lo tanto continúa existiendo un conflicto, porque existe el riesgo de que defienda los intereses de su jefe y no de Dina".

El nuevo letrado de Iglesias, Raúl Maíllo está vinculado al líder del PCE, Enrique Santiago y a Izquierda Unida. Además, ha participado en otras causas como la del asesinado en Irak del cámara de televisión, José Couso, o las tarjetas black.

Otras fuentes consultadas sostienen que la decisión de Iglesias de elegir a un abogado cercano al líder del PCE, Enrique Santiago, "no es casual". "Iglesias y Santiago no se separan y su objetivo es que Podemos acabe absorbiendo IU", aseguran.

La decisión de Iglesias la toma en pleno escándalo de la letrada Marta Flor con el fiscal Ignacio Stampa. Este jueves El Confidencial publicaba que el equipo jurídico de Podemos se coordinó con los fiscales de esta causa para presentar un escrito de prejudicialidad para aplazar una sentencia pendiente del Tribunal Supremo que afectaba a Pablo Iglesias. El día anterior este mismo diario publicaba que la abogada de Iglesias manejó datos clave de la causa sobre la exasesora de Podemos, Dina Bousselham, incluso antes de que se hiciese pública.

Iglesias recurre la retirada de su condición de perjudicado

Mientras, Pablo Iglesias ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el auto del juez Manuel García Castellón en el que le retiraba su condición de perjudicado en la pieza 'Dina' del conocido caso Villarejo, afirmando que el magistrado ha tomado la decisión sin "base fáctica indiciaria alguna" y sin "base jurídica".

En su recurso, la defensa de Iglesias sostiene que de lo investigado hasta el momento no se puede concluir que el también líder de Podemos devolviera dañada a la que era su asesora Dina Bousselham la tarjeta de su teléfono móvil, ya que ésta declaró que "inicialmente funcionara", ni que se la ocultara. Para Iglesias, la publicación en medios de comunicación de parte del contenido de la tarjeta del móvil de Bousselham ha sido utilizada "para tratar de desacreditarle, siendo perjudicado de dichas actuaciones, por lo que se debe mantener su condición de perjudicado" en este procedimiento.

En su recurso de apelación, la defensa de Iglesias insiste en que "de las diligencias practicadas" no se ha podido "probar aún que el robo del móvil" de Bousselham, en el otoño de 2015, "fuese un hecho casual o una actuación deliberada, encaminada a obtener información sensible, privada e íntima" sobre el vicepresidente, "a los efectos de perjudicarle políticamente, y por tanto, sin que pueda descartarse esa hipótesis".

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