Tras unos meses de letargo y no solo por el coronavirus, el grupo constitucionalista Sociedad Civil Catalana (SCC) reaparece en la escena política con el ambicioso proyecto de forzar que Cataluña disponga de una ley electoral propia que evite el déficit de representación de la provincia de Barcelona frente a Lérida, Gerona y Tarragona. Cataluña es la única comunidad autónoma que no dispone de una ley electoral propia y se rige por la ley estatal, que aplicada a las elecciones autonómicas favorece a los partidos con más implantación en las zonas menos pobladas, los nacionalistas.
El propósito de los rectores de SCC es emprender una recogida de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que consiga sacar adelante una ley que necesitaría el apoyo de noventa de los 135 diputados del Parlament. A partir de septiembre, SCC tratará de movilizar a sus bases para conseguir las cincuenta mil firmas necesarias para presentar la ILP en el Parlament. La movilización coincidirá muy probablemente con el inicio de la campaña de las autonómicas.
Además de este proyecto, la entidad quiere recuperar el pulso movilizador y declarará el 8 de octubre (fecha de la gran manifestación constitucionalista en 2017, durante el golpe de Estado) como el "día del constitucionalismo".
La entidad, por otra parte, no está en contra del diálogo entre la Generalidad y el Gobierno, pero matiza que la sociedad constitucionalista no puede ser "moneda de cambio" como ha ocurrido en otras ocasiones en que representantes del Estado y de la administración autonómica se han sentado a hablar. En cuanto a la posibilidad de un tripartito entre los comunes, ERC y el PSC, partido al que considera constitucionalista, los directivos de SCC dicen que intentarán que la "agenda constitucionalista" forme parte del pacto.