La presunta denuncia falsa del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, sobre la supuesta trama de las cloacas en el caso Dina acerca su imputación. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, deberá decidir si presenta una exposición razonada ante el Tribunal Supremo para que el líder del Podemos aforado pueda ser investigado.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital sospechan que Iglesias pudo cometer hasta tres delitos diferentes en este caso: denuncia falsa, tras acusar en sede judicial al comisario Villarejo de robar el móvil de su exasesora, Dina Boussleham, y compincharse con Okdiario para publicarlo; revelación de secretos, por acceder al contenido de la tarjeta de memoria de Dina; y daños informáticos, por entregar dañada la citada tarjeta a su propietaria. Los investigadores sospechan que Iglesias ocultó la tarjeta durante al menos año y medio, y no 6 meses como afirmó Dina ante el juez en una de sus versiones.
Las mismas fuentes apuntan que "el delito que a día de hoy tendría mayor recorrido judicial en una hipotética imputación ante el Supremo es el de denuncia falsa", ya que Iglesias podría ser perdonado por el presunto delito de revelación de secretos por la propia Dina. Respecto al presunto delito de daños informáticos en la tarjeta, aún quedan diligencias pendientes para delimitar la posible responsabilidad penal del vicepresidente del Gobierno.
El magistrado García Castellón tiene previsto viajar a Reino Unido para tomar declaración en persona a los trabajadores de la empresa de recuperación de datos informáticos, a los que la expareja de Dina, Ricardo Sà Ferreira, envió la citada tarjeta en septiembre de 2017.
También está pendiente un informe de la Policía Científica para esclarecer la forma en la que la tarjeta fue destruida. Tal y como desveló este diario, los agentes investigan si la tarjeta pudo ser destruida por Iglesias en un microondas antes de devolvérsela a Dina. Además, de las diligencias pendientes, el hecho de que Dina haya cambiado tantas veces su versión en sede judicial beneficia a Iglesias, ya que "no sería considerado un testimonio creíble" para sostener la acusación contra el líder de Podemos.
Recordamos que Dina afirmó en mayo que Iglesias le entregó la tarjeta destruida y semanas después rectificó su versión en un escrito remitido al juez afirmando que cuando el vicepresidente del Gobierno le devolvió su tarjeta, "inicialmente funcionaba y luego dejó de hacerlo". Todas estas circunstancias dificultan la imputación de Iglesias por el delito de daños informáticos.
También se descartaría el posible delito de estafa procesal, al no tener encaje en los hechos investigados o el de falso testimonio, ya que Iglesias habría mentido durante la instrucción y tendría la posibilidad de retractarse durante el juicio oral y no ser condenado. Dicha hipotética imputación en todo caso no se espera hasta después del verano.
El delito de denuncia falsa en el Código Penal
El artículo 456 del Código Penal recoge así el delito de denuncia falsa: "Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal".
"Si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses si se imputara un delito grave, con la pena de multa de doce a veinticuatro meses si se imputara un delito menos grave o con la pena de multa de tres a seis meses si se imputara un delito leve".
En su declaración como perjudicado ante el juez de marzo del pasado año, Iglesias escenificó en sede judicial la supuesta trama de las cloacas del comisario Villarejo y Okdiario en el caso Dina: "Es muy improbable que un delincuente común sustraiga un teléfono móvil y esa información acabe en manos del dueño de un grupo de comunicación. No es algo absolutamente descartable, pero es muy improbable. Después de esa reunión, yo deduzco que el robo es un encargo profesional".
Los mensajes del chat jurídico de Podemos publicados en Libertad Digital, El Confidencial o El Mundo, demostrarían que Podemos ya sabía en el año 2016, que no existía ninguna trama de las cloacas, sino una filtración ya que Dina fue la que hizo los pantallazos de los chat de Telegram publicados y se los envió a otros miembros del partido.
No es necesario que Iglesias haya sido el denunciante
Una sentencia del Tribunal Supremo del año 2011 sobre el delito de denuncia falsa recogido en el artículo 456 del Código Penal dejaba claro que la persona que puede ser acusado de denuncia falsa, no tiene que haber sido necesariamente el denunciante. Iglesias no denunció el supuesto robo del móvil de Dina, pero sí se personó en la causa.
La citada sentencia se refería la actuación de los Albertos (Alberto Cortina y Alberto Alcocer) en una pieza derivada del caso Urbanor que a punto estuvo de exonerar a los empresarios. Se demostró que los Albertos usaron una carta anónima falsa contra dos constructores para librarse de la acusación y señalar a otros por el delito. Todo ello a pesar de que no habían presentado querella o denuncia.
El Supremo concluyó que "la personación sin querella es también un acto de imputación, dirigido a constituirse como parte acusadora y, por tanto, concebido para hacer valer la acusación contra las personas a las que se designa como imputadas". Es decir, que no era necesario que hubieran sido los denunciantes para ser acusados de denuncia falsa. Esta misma doctrina podría ser empleada con Iglesias en el caso Dina para su imputación.