La Consejería de Economía de Canarias impuso 745.796 euros en concepto de sanciones a través de la campaña extraordinaria de inspección contra el fraude laboral que llevó a cabo a finales de 2019, exactamente, entre el 4 de noviembre y el 15 de diciembre. Así lo ha detallado este miércoles Elena Máñez, consejera del área, durante su comparecencia en la comisión parlamentaria de la Cámara regional, en la que ha especificado que se realizaron 1.300 visitas a empresas.
Ha indicado que esas visitas dieron lugar a 3.593 actuaciones que han beneficiado, de manera directa o indirecta, a más de 3.000 trabajadores. Asimismo, se han revisado un total de 7.240 contratos de trabajo y se han detectado irregularidades en un 41,45 por ciento de ellos, a los que habría que sumar 182 casos en los que los trabajadores no tenían contrato. 2.600 temporales se han transformado en indefinidos. Un total de 1.322 corresponden a mujeres y 1.280 a hombres.
También se revisaron 856 contratos de trabajo en materia de Seguridad Social y se incrementó, gracias a estas revisiones, la jornada de trabajo en 399 contratos a tiempo parcial, más del 46 por ciento de los revisados. En 293 se aumentó la jornada por encima de un 50 por ciento o se pasaron a tiempo completo en un 73,43 por ciento. Por género, 182 corresponden a mujeres y 217 a hombres.
En cuatro de cada diez contratos se han corregido las irregularidades laborales detectadas. Al mismo tiempo, se han aflorado 475 empleos, 182 de ellos sumergidos que no tenían ningún tipo de contrato de trabajo, de los cuales 163 estaban sin alta en la Seguridad Social, seis correspondían a personas extranjeras sin permiso de trabajo, doce a personas desempleadas que trabajaban cobrando una prestación o subsidio por desempleo incompatible con el trabajo y siete a personas extranjeras sin permiso de trabajo y trabajando por cuenta ajena.
De igual forma, se han extendido un total de 221 infracciones con sanciones propuestas por un valor de 745.796,72 euros. La distribución de las infracciones por materias es la siguiente: en materia de relaciones laborales, 67 infracciones por un importe de 49.189 euros; en materia de Seguridad Social, 130 infracciones por importe de 558.710 euros; en materia de extranjería, siete infracciones por importe de 70.000 euros; en materia de obstrucción a la labor inspectora, 17 infracciones por importe de 67.890 euros.
En materia de expedientes liquidatorios de la Seguridad Social, la cantidad total alcanzada es de 161.833,92 euros; por último, se tramitaron 868 requerimientos a las empresas visitadas, tanto en materia laboral como en materia de seguridad laboral. En materia de economía sumergida, se han convocado subvenciones por un importe de 240.000 euros durante 2020.
Al final de su intervención, Elena Máñez ha afirmado que el fraude laboral "es un problema estructural que tenemos en Canarias, que afecta a la economía sumergida, y con estas acciones pretendemos contribuir a aflorarlas". Ha resaltado, además, las nuevas medidas que se han puesto en marcha desde el Servicio Canario de Empleo (SCE) para incentivar la contratación de personas en el ámbito del hogar, "un sector muy afectado por la economía sumergida y en el que, en contextos de crisis, resulta muy fácil transitar de un contrato al verse en una situación sin ningún tipo de amparo".