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El Supremo resolverá sobre el coladero del 100.2 aplicado para dejar en libertad a los golpistas del 1-O

El tribunal que juzgó la causa del procés ha estimado el recurso de apelación de la Fiscalía y deniega los permisos a Forcadell.

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El tribunal que juzgó la causa del procés ha estimado el recurso de apelación de la Fiscalía y deniega los permisos a Forcadell.
Golpistas saliendo de la cárcel en tercer grado | Agencias

El Tribunal Supremo resolverá la aplicación del 100.2 a los golpistas del 1-O. El tribunal que juzgó la causa del referéndum ilegal del 1 de octubre ha estimado el recurso de apelación de la Fiscalía y ha revocado el auto de 28 de abril de 2020, del Juzgado de Vigilancia Penitenciario nº 3 de Lérida, que aprobó la aplicación del régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a la expresidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, condenada a 11 años y medio de prisión por delito de sedición.

El Supremo deniega así la aplicación a Forcadell de dicho régimen flexible, propuesto en febrero por la Junta de Tratamiento de la prisión de Mas d’Enric (Tarragona), al no existir ninguna conexión entre el programa de tratamiento aprobado, consistente en tareas de voluntariado y acompañamiento a familiar fuera de la cárcel, y el proceso de reinserción de la penada relacionado con el delito cometido, lo que hace "injustificable" ese régimen de semilibertad de facto del que disfrutaría antes de haber cumplido ni una cuarta parte de la condena.

El auto de la Sala zanja la controversia acerca del órgano competente para conocer de los recursos de apelación contra las decisiones de la administración penitenciaria que impliquen la aplicación del régimen previsto en el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario. Además, la resolución apunta que el resto artículos aplicados 100.2 a los presos golpistas habrían sido rechazados si los recursos de la Fiscalía o los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria correspondientes se hubieran dirigido al Alto Tribunal.

La resolución establece: "Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto de 28 de abril de 2020, dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 3 de Lérida. La decisión que ahora adoptamos proyecta un doble efecto. De una parte, decide con carácter definitivo qué órgano jurisdiccional ha de asumir la competencia funcional para resolver los recursos que se susciten —o se hayan suscitado— respecto de la aplicación del art. 100.2 del RP. Por otro lado, provoca la aplicación del efecto suspensivo que el apartado 5º de la Disposición Adicional Quinta de la LOPJ proclama para aquellos casos en los que "…la resolución objeto del recurso de apelación se refiera a materia de clasificación de penados o concesión de la libertad condicional y pueda dar lugar a la excarcelación del interno".

El auto argumenta que el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario afecta al modelo de ejecución de la pena —como lo hacen las clasificaciones en grado— "y, en consecuencia, los recursos de apelación contra las resoluciones que a él se refieran, al tratarse de una materia atinente —reiteramos— a la ejecución de la pena, deben ser examinados por el órgano sentenciador".

Añade que la previsión del artículo 100.2 "va más allá de la aprobación de un programa individualizado de tratamiento y afecta, aunque se considerase que esa afectación es indirecta, a la clasificación del penado, quien inicia a través de su aplicación una "cierta progresión" tras valorar que la evolución de su tratamiento, como prevé el párrafo cuarto del artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, le hace merecedor de ello".

"Este examen", añaden los magistrados, "por parte del órgano sentenciador minimiza, por otro lado, el riesgo de que la indeterminación del precepto a la hora de fijar las condiciones de aplicación del art. 100.2 del RP pueda fomentar su utilización para progresiones de grado arbitrarias o no ajustadas a derecho, que pretendan eludir fraudulentamente el control que incumbe al órgano jurisdiccional que valoró y enjuició los hechos sobre los que se fundamenta la condena".

El auto ha sido dictado por una Sala formada por los magistrados Manuel Marchena (presidente y ponente), Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer.

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