La irrupción de Podemos a mediados de la década que ahora termina, y en general de la llamada "nueva política", con Ciudadanos como el otro actor principal de la misma, impulsados por la ola surgida del 15-M, en 2011, llegó impregnada de una alta y severa exigencia moral para las conductas de los dirigentes públicos.
Como explicábamos en el primer artículo de esta serie, un dirigente de Izquierda Unida como Willy Meyer tuvo que dimitir por haberse acogido a una práctica financiera habitual en los europarlamentarios y que, desde luego, no entrañaba ilícito penal alguno. No fue la única víctima de esa severa vara de medir, que dos años antes, en 2012, había provocado la dimisión del entonces presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, fallecido cinco años después, por gastos de viaje de entorno a diez mil euros que, pese a varias denuncias, no le llegarían a suponer reproche penal alguno.
En 2013 una sobrina del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, tuvo que renunciar a un puesto en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Una mujer como Beatriz de Guindos, tras haber aprobado oposiciones a técnico comercial y economista del Estado, ponía freno así a un ascenso laboral que posiblemente nunca se le volvería a plantear, por la única razón de su parentesco. Los tiempos venían así. Los nuevos partidos blasonaban de que la política tenía que estar limpia de conductas sospechosas de nepotismo, los currículum de los dirigentes libres de toda mácula y la ejemplaridad moral siempre en el altar mayor.
Frente al argumento de su inexperiencia que frecuentemente tenían que enfrentar Iglesias o Albert Rivera la respuesta estaba cantada: efectivamente, no tenemos experiencia en corrupción, decían los nuevos líderes, que pese a sus obvias diferencias ideológicas mostraban una cierta unidad de espíritu regenerador, como quedaría de manifiesto en algunos debates que protagonizaron ante audiencias muy jóvenes.
Pero poco a poco el tiempo, y la creciente presencia institucional de los nuevos partidos, fue haciendo ver que no era oro todo lo que relucía o que, dicho en términos coloquiales, en todas partes cuecen habas. Beneficiarse de una beca universitaria sin pisar siquiera el centro universitario que la concede (los actuales tiempos del teletrabajo estaban aún por llegar), especular con vivienda pública e incluso no dar de alta en la Seguridad Social a un empleado del hogar eran conductas que, para sorpresa de sus más crédulos seguidores, también podían anidar en el al parecer incorrupto brazo de la "nueva política", mantra que se repetía machaconamente por tierra, mar, y aire.
La beca de Errejón
Aunque formalmente era un contrato universitario, la expresión "beca de Errejón" hizo fortuna, y la llegó a utilizar en un debate electoral de 2016 Pedro Sánchez en contra de Podemos, mientras Pablo Iglesias hacía aspavientos. Huelga decir que era cuando el actual vicepresidente segundo del Gobierno y el hoy líder de Más País eran uña y carne, políticamente hablando.
Pero retrocedamos a 2014. Podemos, que se ha presentado en enero, es aún un proyecto incipiente, pero coge velocidad de crucero con su histórica irrupción con cinco diputados y más de un millón de votos en toda España en las elecciones europeas de aquel año. Iñigo Errejón forma parte de la cúpula de un partido con una estructura aún endeble. Pero además de esa dedicación que ya le empieza a robar lo principal de su tiempo encuentra otra ocupación remunerada con 1.800 euros al mes por unas cuarenta horas de trabajo semanales, pero sin tener que acudir a la oficina.
Es lo que le paga la Universidad de Málaga entre marzo y diciembre para realizar un trabajo sobre política de vivienda en Andalucía que financian la Unión Europea (80%) y la Junta de Andalucía (20%). El director del proyecto es Alberto Montero, para entonces ya cargo de Podemos y, casualidades de la vida, futuro diputado nacional de la formación morada por la circunscripción malagueña. El único candidato para ese contrato ha resultado ser Errejón, al que su director de proyecto (aunque subordinado político) autoriza para no pisar en todo ese tiempo el centro universitario. Recuérdese que es un trabajo sobre la vivienda en esa comunidad autónoma en concreto.
El 4 de diciembre la Universidad de Málaga decide suspender de empleo y sueldo al número dos de Iglesias tras abrirle un expediente sancionador junto a Montero. Doce días después Errejón decide renunciar a su contrato. Fruto de la investigación interna, la Universidad de la capital andaluza concluyó que algunos de los trabajos presentados como supuesto fruto de la investigación tenían actualizaciones informáticas previas a la firma del contrato laboral en marzo de ese 2014. Es decir, que eran anteriores a la investigación que debería haberlos alumbrado, algo así como una investigación académica en diferido.
Dos años después, en las semanas previas a las elecciones repetidas de 2016, un juzgado de Málaga decidió archivar la querella por estafa que Manos Limpias había presentado contra el ya por entonces portavoz parlamentario de Podemos. Errejón no había cometido delito alguno, como tampoco Willy Meyer, ni Carlos Divar, pero al contrario que estos no dimitió de ninguno de sus cargos, que abandonaría poco después en medio de su cruenta guerra interna con Iglesias. Pero eso es ya otra historia.
El piso de Espinar
La "nueva política" como tantos fenómenos disruptivos en muchos ámbitos de la vida, ha dejado, pasado el tiempo, algunos juguetes rotos. Entre ellos cabría citar a Ramón Espinar, quien llegaría a ser portavoz de Podemos en el Senado y en la Asamblea de Madrid, ahora alejado de la vida política e incluso crítico en las redes con algunos de los comportamientos de sus antiguos compañeros de filas.
El apellido no era nuevo en la política española, ni en la madrileña en particular. Su padre, del mismo nombre de pila, fue un importante dirigente del PSOE madrileño. Primer alcalde democrático de Leganés (una de las ciudades mas importantes y pobladas del cinturón sur de la comunidad autónoma), presidente de la Asamblea de Madrid y consejero del Gobierno del primer presidente autonómico, Joaquín Leguina. Si se decía que Podemos era el partido de los hijos de los socialistas, Espinar era un ejemplo de libro.
El padre, andado el tiempo, abandonó la política e hizo carrera financiera en Caja Madrid, hasta terminar condenado en el célebre caso de las tarjetas black. Nada, naturalmente, de lo que sea responsable quien lleva su sangre y apellido. Espinar hijo, en cambio, sí fue plenamente responsable de especular con una vivienda protegida a la edad de 24 años. Ya para entonces había participado, junto a otros de los que luego serían dirigentes de Podemos, en la fundación de la asociación estudiantil Juventud Sin Futuro.
El joven Espinar obtuvo 20.000 euros tras vender un piso de protección oficial que le había caído en suerte en Alcobendas, al norte de Madrid, valorado en casi 150.000 euros y con dos plazas de garaje. Lo había reservado tres años antes, en 2007, cuando su padre gastaba a crédito de la caja madrileña, en cuyo consejo de administración había coincidido con el entonces alcalde de Alcobendas, José Caballero. El joven Espinar, que ejercía de activista universitario en favor de los jóvenes que enfrentaban dificultades de emancipación, no estaba empadronado en esa localidad, pero Comisiones Obreras (CCOO), que ejercía de promotora, había reservado un 15% de viviendas para distribuirlas de forma discrecional, tal y como desveló en exclusiva la Cadena SER en 2016.
Con ese motivo, se vio obligado a ofrecer una rueda de prensa para explicar el caso. Sin aportar documentación alguna, relató cómo abonó 50.000 euros en concepto de entrada logrados gracias a un préstamo "familiar" en el que arrimaron el hombro tanto su padre y su madre como su abuela, aunque no especificó en qué proporción cada uno. Según su relato, se vio en una situación en la que no podía afrontar la letra del piso, de algo más de 500 euros, para pagar los 90.000 euros restantes y quedarse así con el inmueble.
Podría haber optado por devolverlo a la promotora y que algún joven "sin futuro" se beneficiase, pero prefirió venderlo por 176.000 euros, 30.000 más que el precio de compra, lo que descontados impuestos y gastos de gestoría le redundó en el citado beneficio de 20.000 euros. Se trata del precio máximo fijado por la Comunidad de Madrid que, sin embargo, no estipula un límite mínimo.
Según explicó en aquella atribulada rueda de prensa, Espinar devolvió el generoso préstamo familiar "en cuanto vendí la vivienda". Se refirió a su circunstancia como la del que vende un piso "que no podía pagar, al precio al que te obligan a venderlo". No, la Comunidad de Madrid estipula, como se ha dicho, un precio máximo, pero no un precio único u obligatorio. En la misma inexactitud incurrió por entonces el propio Pablo Iglesias, que siempre apostó por Espinar en la cruenta batalla por el control del partido en Madrid.
Como portavoz en la Asamblea madrileña, en cuyos pasillos cuelga un retrato de su padre, como el de todos los que han presidido la cámara autónomica, se empleó a fondo contra el "saqueo de la vivienda pública en la Comunidad de Madrid". Espinar, el hijo, no incurrió en ningún ilícito penal, como tampoco Willy Meyer, pero a diferencia del que fuera candidato de IU en las europeas de 2014, no dimitió. Luego lo haría en 2019. Pero eso es otra historia.
El pufo de Carmena y su marido
Uno de los grandes hitos de la "nueva política" fue el éxito en las elecciones municipales de 2015, con la llegada de los llamados "ayuntamientos del cambio". A través de una serie de alianzas con distintas plataformas, los de Iglesias dieron un histórico salto al poder municipal, coronado en las dos grandes ciudades españolas.
Ada Colau pasó a ser alcaldesa de Barcelona y Manuela Carmena de Madrid. Esta última, una jurista con la auctoritas de su lucha contra la dictadura franquista (pertenecía al despacho de abogados laboralistas en la que un grupo de extrema derecha perpetró una de las matanzas más atroces de la transición) confrontó con Esperanza Aguirre, quien pese a ganar aquellas elecciones no pudo sumar una mayoría suficiente en el consistorio de la capital de España. Todo parecía inmaculado en Carmena, que además aunaba el favor de la vieja generación de votantes, la suya, y de la más joven, que pronto empezó a convertir a "Manuela" como se referían con entusiasmo a la alcaldesa, en casi un icono pop.
Carmena, una persona de origen adinerado, tenía sombras en su pasado, según desveló Sandra León en Libertad Digital por entonces. Junto a su marido Eduardo Leira dejó en la cuneta a un grupo de arquitectos de su empresa, i3 Consultores, a los que contrató como falsos autónomos y estuvo un año sin pagarles. Todo ello mientras Leira, según denunciaron los trabajadores, "no dejaba de viajar a China en primera y se paseaba la ciudad con un Lexus de alta gama".
Por ello, decidieron querellarse contra el matrimonio por alzamiento de bienes, un delito que no validó la Justicia, y a ello se aferró Carmena para defenderse, aunque los tribunales sí establecieron las irregularidades cometidas con esos trabajadores. Unos empleados que finalmente no pudieron cobrar indemnización alguna. ¿El motivo? Que Eduardo Leira no tenía patrimonio para hacer frente a sus deudas ya que había traspasado todos sus bienes a su mujer en plena crisis de su estudio de arquitectura.
El asistente de Echenique
De entre las "desviaciones pequeño burguesas", por utilizar una terminología al uso en la izquierda, que no cabrían en una formación como Podemos, la de no dar de alta en la Seguridad Social a un asistente bien podría llevarse la palma.
Es en lo que incurrió el actual portavoz parlamentario, Pablo Echenique, según la sanción que un juez de Zaragoza ratificó a principios de 2019, de 1.000 euros para el dirigente morado. Echenique lo niega y ha recurrido, argumentando que la relación con la persona que le ayudaba en las tareas cotidianas no era, stricto sensu, de naturaleza laboral, sino una mera prestación de servicios.
Según publicó El Heraldo de Aragón, tuvo a esa persona trabajando en su casa durante un año, sin contrato y sin ese alta para cotizar. Una conducta que incumple además el código ético interno de Podemos, según el cuál tienen que renunciar al cargo los condenados por "delitos contra los trabajadores". Cuando estalló el escándalo, Echenique era Secretario de Organización del partido y no dimitió. Cabe preguntarse qué habría dicho el Podemos de 2014 si un dirigente de otro partido hubiese sido sorprendido en una práctica semejante.