La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dejado sin efecto una orden del Ministerio Público del año 2016 para que Argentina no investigase posibles crímenes cometidos durante el franquismo que fueron amnistiados. Dicha orden ha sido invalidada con una nota informativa interna distribuida en pleno verano el pasado 4 de agosto.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que Delgado ha puesto "a la Fiscalía al servicio de la Memoria Histórica" para que la juez argentina, María Servini, interrogue este jueves a Rodolfo Martín Villa por varias muertes que se produjeron en España entre los años 1976 y 1978, cuando era ministro del Interior.
Según la nota interna informativa de Delgado, "es responsabilidad directa del Estado la adecuación permanente de las políticas de memoria democrática a las nuevas necesidades a escala nacional, autonómica y local, así como a los nuevos paradigmas memoriales y de defensa de los derechos humanos que se articulan en el ámbito internacional".
"El mantenimiento", añade Delgado, "de una interpretación que en la práctica supondría la imposición de una cortapisa general o automática frente a las solicitudes de asistencia judicial para la realización de actos de investigación o su abordaje desde una perspectiva exclusivamente nacional, sin integrar en el principio de legalidad otras exigencias derivadas de la legalidad internacional, podría entrar en contradicción con el principio de buena fe y de interpretación más acorde a la consecución del objetivo del mencionado tratado bilateral, cuyas disposiciones favorecen decididamente la asistencia mutua".
Las mismas fuentes consultadas por este diario destacan "la perplejidad" que la decisión de Delgado ha causado en el Ministerio Público "por el fondo y la forma". "Se ha anulado una orden jurídica de la Fiscalía General del Estado del año 2016 firmado por Consuelo Madrigal con una simple nota informativa interna que no rebate los argumentos jurídicos que se expusieron entonces".
También ha causado "estupor entre los fiscales" la instrumentalización de la Fiscalía en favor de las "políticas de Memoria Histórica" y "el lenguaje y los términos empleados por Delgado en su nota informativa". Entre ellos, la "adecuación permanente de las políticas de memoria democrática" o "los nuevos paradigmas memoriales".
"Es inaudito que la Fiscalía española que no puede investigar unos supuestos delitos en España al haber sido amnistiados quiera colaborar con otro país para que dichos delitos sean investigados", añaden.
Por último, las citadas fuentes no descartan que en la causa que investiga la juez argentina Servini "pueda salir beneficiado de alguna forma el despacho de abogados del que fuera magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón", inhabilitado tras ser condenado por prevaricación en el Tribunal Supremo por ordenar escuchas ilegales en el caso Gürtel.
Recordamos que Garzón fue juzgado también en el Supremo por abrir causa general a la Guerra Civil y el franquismo. El entonces magistrado fue absuelto en este caso porque pese a haberse "incurrido en exceso en la aplicación e interpretación de las normas" (…) "no alcanzan la injusticia de la resolución que requiere el tipo de prevaricación y no merece el reproche de arbitrariedad exigido en la tipicidad del delito de prevaricación objeto de la acusación".
La orden fiscal anulada por Delgado
La Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento en 2016 que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Federal nº 1 de Argentina había librado múltiples comisiones rogatorias a órganos judiciales españoles para investigar delitos cometidos durante la Guerra Civil española, abarcando el periodo de posguerra y extendiéndose hasta el año 1977.
La entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, elaboró una orden para que el Ministerio Público no diera contestación a las comisiones rogatorias libradas por Argentina con la siguiente argumentación jurídica que ha sido anulada sin ser rebatida: "Los hechos que desde Argentina se trata de investigar son hechos cometidos por ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles, por lo que serían competencia de la jurisdicción española y no de la argentina".
"El objeto de tal proceso", añadía la orden, "indeterminado, y la extensión temporal que trata de abarcar, el período comprendido entre 1936 y 1977, apuntan a una especie de causa general radicalmente incompatible con el propio concepto de proceso penal y con sus principios inspiradores. Los hechos estarían claramente prescritos".
"Aun en el altamente improbable caso de que se individualizara un responsable vivo y con capacidad de obrar procesal, las autoridades españolas no podrían conceder la extradición, por tratarse de hechos competencia de los tribunales españoles, prescritos y amnistiados. Es absolutamente inviable que la Justicia argentina pueda llegar a enjuiciar los hechos de referencia", apuntaba el escrito.
"Cumplimentar una comisión rogatoria como las impulsadas por el Juzgado argentino supondría quebrantar gravemente la legalidad española, concretamente en lo que hace a la regulación de la prescripción de los delitos, la Ley de Amnistía de 1977 y al principio de legalidad, incompatible con la estructura del procedimiento penal y las garantías que lo legitiman, por lo que la Fiscalía, como garante de la legalidad, debe oponerse a la cumplimentación de tales comisiones rogatorias", concluía.