La Fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, han tratado en las últimas semanas el posible archivo del caso de violencia doméstica que afecta al también magistrado progresista del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 del Majadahonda (Madrid) acordaba el pasado 11 de agosto la libertad de Valdés, tras ser detenido por la Guardia Civil por la supuesta comisión de un delito de maltrato contra su esposa. La juez adoptaba la decisión tras valorar el estado de salud y la edad del detenido, teniendo en cuenta la pandemia de la covid-19 y que, por su condición de magistrado del Constitucional, está aforado ante el Tribunal Supremo. Ese mismo día, el TC emitía una nota informativa reivindicando su "presunción de inocencia".
Dos días más tarde, la magistrada acordaba elevar una exposición razonada a la Sala Segunda del Supremo a los efectos de la supuesta e indiciaria comisión de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, recogido en artículo 153 del Código Penal. Actualmente, la Fiscalía aún no ha emitido su correspondiente informe sobre el presunto delito de violencia doméstica cometido por Valdés, que posteriormente, tendrá que valorar la Sala Penal del Supremo. Obviamente, el testimonio de la esposa del magistrado es clave en la investigación.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que Cándido Conde-Pumpido y Dolores Delgado estarían de acuerdo en la posible petición del Ministerio Público de archivar el caso. "Existe una gran tensión interna en la Fiscalía por esta cuestión. Muchos opinan que la investigación debe continuar, eso no significa que sea culpable, pero se debe investigar", sostienen.
Las mismas fuentes afirman que tras la detención del magistrado del TC "lo más lógico es que al menos declarase ante el Supremo para esclarecer los hechos tras haber sido arrestado. Es un asunto muy grave". Además, en la Fiscalía existe la figura de la fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, cuyo cargo ostenta María del Pilar Martín Nájera.
También muestran su sorpresa por el hecho de que "Valdés de 75 años, enfermo y cuyo mandato ha expirado ya, no dimita para evitar el desgaste que se provoca al Tribunal Constitucional por estos hechos". "El magistrado debería ser suspendido de sus funciones temporalmente en el Alto Tribunal, mientras se resuelve su caso", añaden.
Paradójicamente Valdés participó dos semanas antes de su arresto en una sentencia dictada por el Constitucional, que exige a los jueces hacer una investigación "suficiente y eficaz" antes de acordar el archivo de denuncias por violencia de género. Además, fue uno de los magistrados que emitieron un voto particular contra la decisión del Pleno del TC de avalar las prisiones preventivas de los ahora ya condenados por el golpe de estado separatista en Cataluña.
Fuentes del entorno de Conde-Pumpido niegan a este diario que el magistrado haya conversado "en ningún momento" con Delgado sobre la situación judicial de su compañero Fernando Valdés.
Fernando Valdés en el Constitucional
Fernando Valdés Dal-Ré (Valladolid, 1945) fue propuesto por el PSOE al Tribunal Constitucional, cargo al que accedió en 2012 y que debía haber sido renovado hace un año. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e inspector de Trabajo en situación de excedencia de la promoción de 1968.
Ha sido catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de las Universidades de Salamanca y Valladolid. Durante su trayectoria académica ha sido profesor asociado de las Universidades de París X (Nanterrre) y Lyon 2 (Lumière). También fue director general del Servicio Jurídico del Estado (1986-1990), consejero de Estado durante ese mismo periodo y vicepresidente del Instituto Europeo de Juristas de Derecho Social (2004-2007). También presidió la Comisión que elaboró el anteproyecto de texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.