Podemos se enfrenta desde septiembre a un asfixiante horizonte judicial. El 10 y el 15 de este mes comparecen los exletrados de Podemos, José Manuel Calvente y Mónica Carmona, en las dos causas que cercan al partido de Pablo Iglesias.
El primero en hacerlo será Calvente este mismo jueves por videoconferencia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. El letrado 'purgado' por Podemos previsiblemente ratificará en sede judicial la veracidad de los mensajes del chat jurídico de la formación morada en los que quedaba claro que el partido sabía desde 2016 que los mensajes difundidos del chat de telegram de la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham, habían sido filtrados por ella misma. Un hecho que fue reconocido por la propia Dina ante el magistrado instructor tras aportarse a la causa un informe de la Policía que lo desvelaba.
A pesar de ello, Iglesias afirmaba en marzo del pasado año que la filtración del chat de Bousselham llegó a los medios de comunicación producto de una conspiración de las "cloacas policiales" del comisario José Villarejo.
Sin duda, el testimonio de Calvente sera clave y decisivo para que el juez García Castellón pida la imputación del vicepresidente del Gobierno presentando una exposición razonada ante el Tribunal Supremo por un posible delito de denuncia falsa. Más complicado es que Iglesias pueda ser imputado por revelación de secretos tras acceder a la tarjeta de memoria del móvil de Dina, ya que su exasesora puede perdonarle por estos hechos y es necesaria su acusación.
Respecto al presunto delito de daños informáticos también es muy difícil la imputación de Iglesias por este tipo delictivo. Hasta el momento, la instrucción ha acreditado que Bousselham y su pareja enviaron la tarjeta a una empresa de recuperación informática en Gales en septiembre de 2017 porque no podían acceder al contenido de la misma, después de que se la entregara Iglesias.
En una de sus versiones, Bousselham afirmó que cuando Iglesias se la entregó ya no funcionaba. Posteriormente, cambiaba su declaración y afirmaba en un escrito remitido al juez que en un primer momento sí podía acceder a la tarjeta y que después, dejó de funcionar. El testimonio cambiante de la exasesora del vicepresidente del Gobierno no sería suficiente para encausar a Iglesias en el Supremo, según las fuentes jurídicas consultadas.
Además, los informes recabados de la propia empresa de recuperación informática de Gales y de la Policía Científica no han conseguido aportar nuevos indicios que delimiten la responsabilidad penal de Iglesias por este supuesto delito de daños informáticos. Cabe destacar que dichos informes no eximen tampoco al líder de Podemos de haber entregado inservible la tarjeta de memoria a su exasesora..
Según señaló Dina al juez, Iglesias que consiguió la tarjeta de manos del editor del Grupo Zeta, Antonio Asensio, en enero de 2016, se la devolvió en verano de ese año, tras la publicación de los mensajes de Telegram en Okdiario. Los investigadores por el contrario sospechan que Iglesias la retuvo en su poder hasta septiembre de 2017, fecha en la que Bousselham y su expareja, Ricardo Sà Ferreira, la enviaron a la empresa de recuperación informática.
Todos estos hechos demuestran que la declaración de Calvente será crucial para el horizonte judicial y penal del vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias.
El Gürtel morado
El otro gran hito judicial de este mes de septiembre es la declaración como testigo de la exabogada de Podemos, Mónica Carmona, ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla.
El juez investiga una denuncia presentada por el otro letrado 'purgado' por la formación morada, José Manuel Calvente, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos o administración desleal de la formación de Iglesias. Unos hechos que a su vez podrían encubrir una financiación ilegal del partido. Calvente ratificó su denuncia en julio declarando durante más de 3 horas por videoconferencia ante el instructor y el fiscal.
Posteriormente, el juez Escalonilla anunciaba la imputación del tesorero de Podemos, Daniel de Frutos; la gerente del partido, Rocío Val; y del nº 2 de Iglesias en la Vicepresidencia del Gobierno, Juanma del Olmo. El magistrado imputaba también al propio partido Podemos como persona jurídica y ordenaba una extensa batería de diligencias. La denuncia también salpica al cofundador de la formación, Juan Carlos Monedero; al diputado Rafa Mayoral o a la abogada del partido, Marta Flor Núñez.
Las fuentes del caso consultadas por este diario apuntan que Mónica Carmona no sólo ratificará los hechos denunciados por Calvente, sino que desvelará nuevas presuntas irregularidades, así como la posible implicación de otros dirigentes de Podemos.
En dicha "trama delictiva", el instructor investiga principalmente la presunta contratación fraudulenta para las campañas electorales del año 2019 de la agencia de comunicación de origen mejicano, Neurona Consulting. Por estos hechos, el Tribunal de Cuentas habría solicitado incluso al tesorero de Podemos información en septiembre del pasado año, para esclarecer si Neurona había efectuado servicios "reales o ficticios" para el partido.
La segunda pata de la investigación se centra en las presuntas irregularidades cometidas por el partido durante las obras de remodelación de su nueva sede en la calle Villaespesa nº 18 de Madrid adjudicadas por 1,3 millones que habían sido licitadas por la mitad de esa cantidad. Por último, las pesquisas también están orientadas en esclarecer la llamada "caja de solidaridad" de Podemos, en la que se destinaban los "excedentes" de los salarios públicos de los dirigentes del partido y que se asignaban a proyectos o gastos "poco claros".
Por estos dos casos judiciales en Audiencia Nacional y en el Juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla Podemos se enfrenta a un asfixiante horizonte judicial.