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La Generalidad obliga al profesorado de mayor riesgo ante la covid a incorporarse presencialmente a las aulas

Mayores de 60 años, personas con cardiopatías, diabetes, inmunodeprimidos y personas sometidas a tratamientos oncológicos, entre otros.

Mayores de 60 años, personas con cardiopatías, diabetes, inmunodeprimidos y personas sometidas a tratamientos oncológicos, entre otros.
Imagen de archivo | EFE

A falta de unos días para que comience el curso escolar en Cataluña, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia estar recibiendo "un número ingente de llamadas" de profesores que aseguran que el gobierno de Quim Torra les ha obligado a incorporarse presencialmente a sus centros educativos, a pesar de pertenecer a alguno de los colectivos más vulnerables ante el Coronavirus (mayores de 60 años, personas con problemas cardiacos, hipertensión, diabetes, inmunodeprimidos y personas sometidas a tratamientos oncológicos, entre otros). Los docentes denuncian que el gobierno catalán se está ahorrando "mucho dinero a costa de los niños, de la seguridad y de la salud".

Según ha informado CSIF, se trata de "profesores muy angustiados, y en algunos casos con crisis de ansiedad, ante la incertidumbre de qué pasará, ya que las clases empiezan el lunes y no se ha adaptado su puesto de trabajo a medidas acordes con su estado de salud, cuando sus médicos de cabecera, en sus informes, los han calificado de personal vulnerable y de alto riesgo".

Entre los docentes afectados se encuentra Cristina, una maestra de Barcelona que, tal y como relata a Libertad Digital, sufre una cardiopatía genética con diferentes enfermedades asociadas, entre ellas, hipertensión, fracción de eyección (la fuerza con la que bombea el corazón) por debajo de lo normal y neumonías de repetición. Hace dos años, esta docente de 36 años entró en muerte súbita y, aunque consiguieron recuperarla, desde entonces lleva implantado un desfibrilador.

Cuando el Gobierno decretó el fin del estado de alarma y los centros comenzaron a abrir sus puertas, Cristina, al igual que el resto de los profesores vulnerables, tuvo que hacer una declaración responsable de su estado de salud y no se les permitió acudir presencialmente a sus puestos de trabajo por los riesgos que corrían. En aquel momento, se les informó, además, de que, salvo que la situación mejorase considerablemente, el curso siguiente volverían a realizar tareas de teletrabajo. Sin embargo, todo cambió el pasado mes de julio. El gobierno catalán contrató entonces a una empresa de prestación de servicios sanitarios que se puso en contacto con ellos para requerirles los informes médicos pertinentes y hacer su propia evaluación.

Al ver que llegaba septiembre y que no obtenían respuesta, Cristina y otros tantos compañeros comenzaron a inquietarse ya que, si nadie les decía lo contrario, el día 1 de septiembre tendrían que incorporarse a sus puestos de trabajo. In extremis, el fin de semana anterior, todas estas personas, antes consideradas vulnerables, recibieron un email genérico en el que se les comunicaba que, a pesar de considerarles especialmente sensibles frente al Coronavirus, eran aptos para trabajar, respetando ciertas medidas de seguridad: uso de mascarillas FP2, higienización de manos y materiales con los que tuvieran contacto, y distancia de seguridad de un metro y medio. Sin embargo, apenas faltan unos días para que las aulas se llenen de alumnos y muchos centros todavía no han recibido material, las ratios no se cumplen y la edad de algunos niños hace imposible que se mantenga tal distancia. "A mí este año me toca ser tutora de niños de 3 años, que evidentemente no llevan mascarilla, y con los que no puedes mantener una distancia de seguridad", denuncia Cristina.

Aunque en su caso todo parece indicar que finalmente sí conseguirá la baja por riesgo laboral, ella al menos tendría alternativa, ya que, a través de Muface, siempre podría pedir una baja por enfermedad, a pesar de que eso suponga un menoscabo económico. Sin embargo, no todos los maestros corren la misma suerte, ya que hay muchos interinos, por ejemplo, que dependen directamente de la Seguridad Social, donde las cosas no son tan sencillas.

Laia está embarazada de cinco meses. Su médico de cabecera no le puede dar la baja todavía y, si nada lo remedia, el próximo día 14 tendrá que ponerse al frente de una clase de primaria de 26 niños, puesto que, tal y como denuncian los docentes catalanes, al menos en su comunidad, no se están cumpliendo las ratios anunciadas por el Gobierno: "Se suponían muchas cosas, pero a la hora de la verdad tenemos aulas de 25-26 niños". En su anterior embarazo, Laia estuvo trabajando prácticamente hasta el último momento. Sin embargo, ahora tiene miedo. "No sabes de qué manera le puede afectar al bebé, si te pueden dar medicamentos… Eso genera ansiedad".

Su caso no es único y son muchas las profesoras embarazadas que ya se plantean fingir una ciática insoportable con tal de no exponerse al riesgo. "No quieres mentir, pero al final no te queda otra", dice Sara. Con su primera hija tuvo varios sustos y, aunque ahora parece llevar el embarazo mucho mejor, tiene miedo porque "más allá de que te puedas contagiar, los nervios y el estrés que nos está ocasionando este inicio de curso no ayudan".

En las últimas horas, además, el Departamento de Educación ha cambiado de opinión respecto al grado de vulnerabilidad de algunos docentes a los que sí se les había autorizado a no acudir a sus puestos de trabajo y a los que ahora ya no se les considera en riesgo. "¿Qué es lo que ha cambiado?" —se pregunta Cristina—, porque su enfermedad no ha cambiado en una semana y la situación epidemiológica, tampoco. "Supongo que lo que habrá cambiado es que se están encontrando con muchos docentes a los que sustituir y eso es mucho dinero", señala.

Con todo, lo que es evidente es la improvisación con la que está actuando el gobierno catalán: "¿Por qué no han sustituido a docentes que en junio ya sabían que en septiembre no iban a poder empezar, como era mi caso? Pues porque si la sustituta llega el día 14, son dos semanas de sueldo que se han ahorrado", se queja Cristina. Y eso sin contar que hay plazas que, viendo lo visto, ni siquiera se van a cubrir el 14. "Se están ahorrando mucho dinero a costa de los niños, de la seguridad y de la salud física y emocional", dice esta maestra de Barcelona. "Yo lo que quiero es que las familias sepan lo que está pasando y que, cada vez que los políticos salgan por la tele diciendo que han reducido las ratios a 20 alumnos por clase, que se va a sustituir a todo el personal vulnerable, etc, que sepan que les están mintiendo y que las cosas se están haciendo tarde y mal".

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