El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, no podrá ser imputado hasta que la Sala Penal de la Audiencia Nacional confirme que no es "perjudicado" en el caso Dina.
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, debe esperar a que la Sala resuelva un recurso presentado por Podemos antes de solicitar al Tribunal Supremo la eventual imputación de Iglesias a través de una exposición razonada. Dicha imputación por presuntos delitos de denuncia falsa o daños informáticos está más cerca, tras la declaración del exletrado de Podemos, José Manuel Calvente.
Calvente aseguró el pasado jueves al magistrado García Castellón que el caso Dina fue un "montaje y una patraña" urdida por Pablo Iglesias y la cúpula de Podemos. Según su declaración, Iglesias "mintió" al juez instructor en su declaración de marzo de 2019, ya que desde el año 2016 ya se sabía en Podemos que los pantallazos publicados en Okdiario eran una filtración de la propia exasesora de Iglesias, Dina Bousselham, y por lo tanto, no se trataba de una trama de las cloacas policiales del comisario Villarejo.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que el futuro judicial de Iglesias depende del recurso de Podemos que debe resolver la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Concretamente, los tres magistrados de la Sección Tercera: Alfonso Guevara, Mª Teresa García Quesada y Carlos Francisco Fraile Coloma.
El pasado mes de mayo, el magistrado García Castellón decidía retirar a Iglesias su condición de perjudicado afirmando que "dicha condición resulta insostenible toda vez que las diligencias practicadas no han permitido concretar en qué medida resulta ofendido o perjudicado de infracción penal alguna, pero además, las contradicciones desgranadas exigen un esfuerzo investigador que resulta incompatible con la posición procesal pretendida".
El abogado de Iglesias que sustituyó a Marta Flor, Raúl Maíllo, en el recurso de apelación presentado ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional, cargaba contra García Castellón asegurando que cuando en mayo retiró esa condición de perjudicado a su defendido, se hizo siguiendo "la hipótesis del juzgador" que es "ajena a la naturaleza de la presente causa" y que "carecía de elemento indiciario alguno del supuesto daño a la tarjeta".
Según el escrito, "sí ha quedado acreditado que la supuesta destrucción externa era ajena a la tesis del instructor que la consideró base y elemento para la retirada de la condición de perjudicado de esta parte y parte de los motivos del presente recurso de apelación".
Las mismas fuentes jurídicas recuerdan que en este caso "no se investiga la destrucción externa de la tarjeta de memoria del móvil de Dina, sino la destrucción interna que la dejó inservible y hacía imposible el acceso a la información que contenía". La propia Dina reconoció que Iglesias le entregó la tarjeta inservible y luego, cambió su versión.
El 'pacto' de Anticorrupción con Podemos sobre Iglesias
Tal y como desvelaba este diario, el exletrado de Podemos, José Manuel Calvente, declaró en sede judicial el pasado jueves que Podemos utilizó la estrecha relación de amistad de su letrada Marta Flor con el fiscal Anticorrupción, Ignacio Stampa, para beneficiar electoralmente a Pablo Iglesias. Concretamente, para que los fiscales convencieran al magistrado Manuel García Castellón de citar al líder de Podemos como perjudicado y poder presentarse como víctima de las cloacas, poco antes de las elecciones generales.
Calvente explicaba al magistrado García Castellón que Podemos quería que Iglesias fuese citado como "perjudicado", tras publicarse en Okdiario los chats de Telegram, antes de las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Además, añadía que no tenía sentido que sólo citaran a Iglesias como perjudicado, ya que en el chat de Telegram aparecían muchos dirigentes de Podemos.