La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el que fuera magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, han realizado este fin de semana una escapada a Roma coincidiendo con la aprobación por parte del Gobierno del PSOE y Podemos de la llamada Ley de Memoria Democrática.
Libertad Digital publica en exclusiva varias imágenes captadas a Delgado y Garzón en el aeropuerto de Fiumicino de Roma este domingo donde tomaban un vuelo de Iberia de regreso a Madrid, aproximadamente a las 7 de la tarde. En las imágenes que publica LD se observa la cercanía entre ambos y cómo portan bolsas de plástico con regalos adquiridos durante su estancia. En el interior del aparato, ambos habrían viajado en clase preferente o business apartados del resto de viajeros.
Precisamente, el Consejo de Ministros aprobaba este martes el Anteproyecto de ley de Memoria Democrática que derogará la polémica Ley de Memoria Histórica que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en octubre de 2007. La nueva ley se basa en la proposición de ley presentada por el PSOE en el Congreso en enero de este mismo año. La propia Delgado como ministra de Justicia del Ejecutivo de Sánchez, antes de ser fiscal general, fue una de las impulsoras de la Memoria Histórica.
Según el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias la nueva ley es el "reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas del fascismo", de "los desaparecidos" y "de los exiliados" durante la Guerra Civil y la Dictadura, "así como a las políticas de verdad, justicia y garantías de no repetición", para que la historia no se construya "desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos". Y por supuesto, "incluye el repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura".
El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática contempla la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos que se dedicará a investigar hechos producidos en la Guerra Civil y la Dictadura.
Recordamos que Delgado dejó sin efecto una orden del Ministerio Público del año 2016 para que Argentina no investigase posibles crímenes cometidos durante el franquismo que fueron amnistiados. Dicha orden fue invalidada con una nota informativa interna distribuida en pleno verano el pasado 4 de agosto. Esta decisión allanó la investigación de la juez argentina María Servini de Cubría al exministro del Interior, Rodolfo Martín Villa.
Por su parte, Baltasar Garzón, inhabilitado tras ser condenado por prevaricación en el Tribunal Supremo, fue juzgado también en el Alto Tribunal por abrir causa general a la Guerra Civil y el franquismo. En dicha causa fue absuelto. Previamente, en 1998 rechazó una querella presentada por la matanza de Paracuellos del Jarama contra el líder del PCE, Santiago Carrillo, por "abuso del derecho a la jurisdicción".
La escapada a Italia de Delgado y Garzón tiene lugar además en medio del terremoto originado en la Fiscalía. El Ministerio Público ha solicitado esta semana archivar las 20 querellas presentadas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia de la covid-19. Una decisión que ha provocado una gran indignación en el Ministerio Público.
Garzón defensor del testaferro de Maduro
El exmagistrado, Baltasar Garzón, decidía en julio ser el abogado de Alex Saab, el testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro. Saab contrataba al bufete de Garzón para que sea su defensa en la larga batalla de la extradición a Estados Unidos desde Cabo Verde, donde se encuentra desde el pasado 12 de junio cuando fue detenido.
Saab, cuando sea extraditado a los EEUU, será juzgado por la trama internacional de corrupción que ha tejido en Moscú, Teherán, Estambul, Bulgaria, Malta, Barranquilla, Milán, Miami o Caracas para Maduro con dinero y oro de Venezuela, una fortuna expoliada que superaría los 20.000 millones de dólares.
Tras hacerse con la defensa de Saab, el International Legal Office for Cooperation and Development (ILOCAD) de Garzón aseguraba que se encarga del caso "ante las evidencias de que se puede estar incurriendo en malas prácticas por parte de las autoridades norteamericanas".