Cuando el pasado viernes la Comunidad de Madrid anunció las restricciones en 37 áreas de la capital, fueron muchos los ciudadanos que se echaron las manos a la cabeza. Entre ellos, profesionales que habían conseguido levantar tímidamente el vuelo tras meses de confinamiento, y sobre los que volvían a planear los mismos temores de entonces. Hosteleros, sí, pero también trabajadoras del hogar, un sector que vive anclado a la precariedad y al que estas medidas tocan de lleno.
Durante los tres meses que duró el estado de alarma, Marisa perdió todos sus empleos. Trabajaba hasta en cuatro casas diferentes, pero todas ellas decidieron prescindir de sus servicios por miedo al virus y por miedo a que se descubriera que la tenían contratada en negro. El 22 de junio recuperó tres de ellos. Sin embargo, el que más dinero le reportaba lo perdió, porque durante ese tiempo "la familia encontró a una vecina que se había quedado sin trabajo y que podía limpiarles la casa sin necesidad de salvoconducto". Sus jefes se disculparon con ella y le prometieron que le ayudarían a encontrar otra casa. Y así fue. Apenas dos semanas después, Marisa ya tenía todas las mañanas ocupadas. Sin embargo, hoy, la pesadilla se repite. Su zona, Puente de Vallecas, es una de las confinadas, y la familia que la contrató a principios de julio no quiere hacerle ningún papel que le sirva a la policía para dejarla moverse por Madrid. Tienen miedo de que, en un momento de desesperación, lo pueda utilizar contra ellos por no haberla dado de alta en la Seguridad Social. "Yo les he dicho que eso no va a pasar, pero claro, mi palabra no les sirve", se lamenta. La familia la ha instado a esperar: "Dicen que solo son dos semanas y que luego ya se verá qué es lo que pasa, pero para mí dos semanas de sueldo es la diferencia entre poder llegar a fin de mes o tener que volver al comedor social".
La situación de Daniela no es muy diferente. Ella vive en Orcasur, otra de las zonas afectadas por las restricciones, pero ella tiene claro qué es lo que va a hacer: "No me queda más remedio que arriesgarme. El miércoles creo que ya empiezan a multar. Confío en que no me pidan ningún papel. Si lo hacen, mala suerte, pero yo pienso intentar ir a mi trabajo". Hablamos con ella por teléfono mientras viaja en metro, y por detrás se oye una voz que le recuerda que pueden multarla. "A ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad", le dice una señora que escucha la conversación. Hoy ha tenido suerte. Ningún policía le ha parado. Ella, sin embargo, confía en la empatía que, según dice, se ha extendido con la pandemia: "Mi marido está en un ERTE y tenemos tres hijos. Que me digan cómo lo hacemos. Si me para un agente, le contaré mi vida y cruzaré los dedos".
En el caso de Daniela, nadie sabe dónde vive. Prefiere no decírselo a las familias para las que trabaja por miedo a perder su empleo, así que, si nadie se lo pregunta, prefiere no desvelarlo. Y es que sabe de buena tinta que a algunas compañeras eso ya les ha traído problemas. Conchi, sin ir más lejos, hoy ya no ha ido a trabajar. "Cuando empezó a rumorearse que podrían confinarnos, se lo dije a mi jefa por si tenía que hacerme un salvoconducto para este lunes. Yo sí estoy dada de alta, aunque por menos horas de las que hago, así que no pensé que eso fuera un problema, pero dice que tiene miedo", nos cuenta visiblemente enfadada. El miedo, en este caso, no es a la administración, sino al virus: "Dice que no sabía que vivía en Usera y que allí hay muchos contagios y que ella tiene un niño pequeño por el que mirar. Yo voy siempre con mascarilla y guantes, pero eso parece que no le vale".
Como ellas, muchas empleadas del hogar que hoy solo esperan que este confinamiento dure lo menos posible. "Se está estigmatizando a todos aquellos que vivimos en las zonas más pobres, y precisamente nosotros somos los que más necesitamos trabajar", se queja Marisa. "Yo aplaudí a la Ayuso cuando decía que había que acabar con el estado de alarma y ahora, mira… Como para fiarse de alguno".