El prófugo Carles Puigdemont pretende que la previsible inhabilitación de su representante en Barcelona, Quim Torra, de pie a una oleada de movilizaciones callejeras que recuerde los episodios vividos en octubre del año pasado cuando se emitió la sentencia sobre el golpe de Estado separatista. A tal efecto ya ha avisado al presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, para que se abstenga de activar automáticamente el plazo para la convocatoria electoral si no hay candidato a suplir a Torra. En paralelo, dirigentes de su partido negocian con ERC sobre el día después de la inhabilitación, el reparto de funciones en el Govern y la actividad parlamentaria.
En unos días trascenderá la decisión del Tribunal Supremo sobre el recurso de la defensa de Torra contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que lo inhabilitó por un periodo de 18 meses por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar una pancarta separatista de la fachada del palacio de la Generalidad durante las elecciones municipales de 2019. Si se confirma la sentencia, los letrados de Torra pretenden elevar el asunto a la justicia europea para retrasar el cumplimiento del fallo, pero ante la hipótesis de que la inhabilitación sea ya insoslayable, Puigdemont quiere provocar un estallido separatista que desborde a ERC y lleve a su partido en volandas a unas elecciones autonómicas en febrero o marzo del próximo año. Cuenta para ello con los Comités de Defensa de la República (CDR), que se preparan para actuar el mismo día en que el Supremo comunique su decisión.
ERC, por contra, aboga por pactar con Junts per Catalunya (JxCat) el reparto de funciones en el seno del ejecutivo regional y un calendario parlamentario que desemboque en elecciones. Ya han renunciado a que Torra convoque comicios antes de ser inhabilitado, pero aún confían en llegar acuerdos que faciliten un desenlace fluido de la legislatura.
Reforma del Código Penal
Lo que está prácticamente descartado es la celebración de una mesa de diálogo con el Gobierno. Junts per Catalunya no está por la labor mientras que ERC la evitará si Torra es inhabilitado. En la competición por determinar quien es más independentista, una imagen con el Gobierno resta. Además, la nueva definición del delito de sedición para rebajar las penas de los golpistas ya está encaminada y no depende de dicha mesa. De cara a la galería, tanto en JxCat como en ERC dicen que la reforma del Código Penal no es suficiente. Tampoco los indultos. Exigen la amnistía pero dan por bueno el proyecto del Gobierno de "reformular" el delito de sedición para facilitar la excarcelación de los golpistas y facilitar el retorno de los huidos.