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El Gobierno publica en solo unas horas la polémica orden que pretende cerrar Madrid sin acuerdo

El Ejecutivo remite a un informe de la Abogacía del Estado y da a Madrid 48 horas para su aplicación.

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El acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles, que contó con la oposición de Cataluña, Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia y Ceuta, está publicado ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además, el Ministerio de Sanidad ha publicado una orden en la que da 48 horas para su aplicación.

El Ejecutivo dice que las restricciones aprobadas, que afectarán únicamente a Madrid capital y a otros nueve municipios de la Comunidad, es de "obligado cumplimiento" y remite a un informe de la Abogacía del Estado que se basa en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público por el que las autonomías estarían obligadas a adoptar un acuerdo así aun cuando no haya tenido la unanimidad de todos los gobiernos regionales. El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, negó este miércoles que estuvieran obligados a cumplirlo.

En su rueda de prensa del miércoles por la tarde, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que la orden sería publicada en "los próximos días" e incluso dijo que era susceptible de ser "mejorada" o "completada", algo que obviamente ya no es posible apenas horas después de su comparecencia. Illa, si bien compareció antes que Escudero, no aludió a esa Ley de Régimen Jurídico del Sector Público que ahora esgrime la Abogacía del Estado, sino tan solo al reglamento del Consejo Interterritorial.

Dicho reglamento establece, en su artículo 14.1, que los acuerdos de ese órgano que integra a todas las CCAA se adoptarán "en su caso, por consenso". Los gobiernos autonómicos que no están conformes con el acuerdo, todos salvo Cataluña gobernados por el PP, en algunos casos en coalición con Ciudadanos, representan un elevado porcentaje de la población del total de españoles.

De hecho, y según fuentes conocedoras de la reunión del miércoles, comunidades como Andalucía, la más poblada de España, exigía que además de los requisitos establecidos y que se aplicarán ahora a Madrid, se incluyan otros que tengan en cuenta la densidad de población como un "factor determinante".

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