La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ya ha recurrido ante la Audiencia Nacional el plan del Gobierno que ordena el cierre de Madrid y otras nueve localidades de la región desde la noche de este viernes.
En el escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, se solicita la "medida cautelar de suspensión de la resolución impugnada". Los servicios jurídicos de Ayuso señalan "el perjuicio que se deriva como consecuencia de la invasión de competencias que ha supuesto la Orden del Ministro, mediante una utilización torticera del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud".
"Es la Comunidad de Madrid", añade el escrito, "la que ostenta la competencia para adoptar las medidas sanitarias. Encontrándose ahora con la imposición de una serie de medidas que derivan de un uso instrumentalizado del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Se dicta por el Ministro de Sanidad la Orden que impugnamos, con la que cual se convierte lo que debe ser un órgano para la coordinación consensuada, en un mecanismo de inavasión de la competencia autonómica, a través del cual el Ministerio se irroga una competencia de la cual carece".
Piden perdón
En la presentación de este recurso ante la prensa, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha comenzado pidiendo disculpas: "Quiero pedir perdón por el desasosiego, la incertidumbre y las dudas que estamos generando por culpa del Gobierno de la nación". Tras ello, ha confirmado que que cumplirán la orden del Ministerio de Sanidad.
Las medidas entrarán en vigor a las 22.00 horas de este viernes tal y como han explicado López y el responsable de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero.
Para no generar un mayor "desasosiego e incertidumbre", desde la CAM han optado por pedir medidas cautelares y no cautelarísimas: "Hemos renunciado a las medidas cautelarísimas que supondrían a obligar a la Audiencia Nacional a adoptar una decisión en un plazo perentorio sobre si se suspendía o no esta norma".
"La CAM es respetuosa con la Ley y leal al resto de administraciones y, por eso, vamos a darle curso y cumplimiento a la norma del Gobierno. Eso sí , ha añadido que, "si hubiera sido nuestra voluntad, se hubieran aplicado el lunes" para hacerlo más progresivo.
"Se ha producido una invasión de competencias de salud publica. Estamos ante una sustracción. En el fondo, pensamos que las medidas son ineficaces y peores que las vigentes. Van a crear caos", ha avisado Enrique López.
"Impacto económico"
Según el recurso que han presentado, "a la vista de la intensidad de las medidas adoptadas, nos damos cuenta que el Estado dispone de un instrumento para ello: la declaración del estado de alarma. Esta agresión a las competencias de la Comunidad de Madrid tiene un efecto adicional, que intensifica el daño que causa la ejecución inmediata. La adopción de las medidas supone un impacto económico negativo en el ámbito de la Comunidad de Madrid".
El Gobierno regional expone que "se debe dar preferencia a la pretensión de la Comunidad de Madrid porque, lejos de buscar otros objetivos, esta Administración no ha perseguido otra cosa que la protección de la salud. El criterio que ha venido utilizando esta Administración, estableciendo medidas por Zonas Básicas de Salud, resulta mucho más acorde, proporcionado y efectivo".
El recurso señala que "siguiendo el criterio de la Orden del Ministro, simultáneamente, al ampliar el tamaño del territorio (de 23.000 a 3 millones de personas) aumenta la superficie y por tanto la movilidad. La actuación con medidas específicas para la población de una zona básica de salud supone una 'medida quirúrgica' que limita la movilidad y aplica medidas excepcionales en menor superficie y a un menor número de personas por cada caso de COVID-19".
"Situados en estrictos criterios sanitarios", continúa, "las medidas ahora impuestas resultan menos idóneas, ya que pueden provocar, en los municipios de gran tamaño, un aumento de la transmisión. Por tanto, resulta más idóneo desde la perspectiva de salud pública el mantenimiento de la competencia de la Comunidad de Madrid".
No existió "consenso" en el Consejo Interterritorial
El recurso de la Comunidad de Madrid denuncia que "la Declaración de Actuaciones Coordinadas, que da entero fundamento a la Orden del Ministro, se encuentra viciada ante el hecho incuestionable de no haber sido adoptada por consenso en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El Consejo Interterritorial no es propiamente una Conferencia Sectorial. La adopción válida del Acuerdo requiere el consenso, la unanimidad, de todas las Comunidades Autónomas, lo que aquí no se ha producido".
"En consecuencia, se puede aseverar que no concurre el condicionante necesario para entender que existe un Acuerdo válido del Consejo Interterritorial, lo que determina la nulidad, o en su defecto, anulabilidad, de la Orden del Ministerio, al haberse prescindido de un trámite esencial del procedimiento", concluye el escrito.
A pesar de este recurso, las medidas impuestas por parte del Gobierno continúan adelante, hasta que sean estudiadas por la justicia en un plazo máximo de 10 días. La CAM se encuentra en estos momentos preparando la transposición en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de la resolución del Ministerio de Sanidad.