Podemos ha recurrido su imputación por financiación ilegal y delito electoral ante la Audiencia Provincial de Madrid acusando al titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla de abrir "una causa general" contra la formación morada "que parece no tener límite, ni horizonte".
La causa contra el partido de Pablo Iglesias se inició tras la denuncia del exletrado del partido, José Manuel Calvente. La acusación popular la ejercen el partido político Vox o la Asociación Movimiento de Regeneración Política de España. Además, la exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, ha solicitado personarse como acusación particular y perjudicada.
Según el recurso de la formación, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el auto del juez Escalonilla que ratificó su imputación por financiación ilegal y delito electoral es "una resolución que adolece de arbitrariedad y de imparcialidad, al dar por acreditados determinados indicios que en todo caso deberían ser contrastados con la declaración testifical de Mónica Carmona (exresponsable de Cumplimiento Normativo), la cual todavía no ha sido llevada a efecto". Su comparecencia fue aplazada al 28 de octubre.
"Ni la denuncia ni la ratificación judicial de la misma aportan indicio alguno de que los servicios de Neurona puedan considerarse simulados", apunta el escrito. A continuación, el partido se apoya en el informe de la Fiscalía para desacreditar la denuncia de Calvente: "De lo reflejado en la denuncia no constaba acreditación de hecho alguno que pudiera sostener siquiera la continuación de la investigación sino que sólo aporta meras sospechas y apreciaciones subjetivas, como también lo entendió el Ministerio Fiscal en su informe por lo que ante tal déficit indiciario la condición de 'investigada' de mi representada debía decaer súbitamente, junto con el archivo de la causa".
Después, Podemos sigue arremetiendo contra el instructor: "Se suceden nuevas posibles calificaciones delictivas (o más bien, hipótesis acusatorias) para mantener tanto la instrucción abierta como vigente la condición de investigada de mi representada, deviniendo todo ello en una suerte de investigación prospectiva o causa general".
"Sin practicar todavía diligencia de investigación alguna", añade, "alguna de ellas determinante como el testimonio directo de Mónica Carmona, el juez de instrucción ya tiene unas conclusiones fácticas y jurídicas preconcebidas como una supuesta falta de efectividad del programa de cumplimiento o que el motivo del cese de la Responsable de Cumplimiento Normativo sería por encontrarse investigando las supuestas irregularidades".
"Ante la fragilidad del sustento probatorio obrante en la causa, sustituye ahora la (nula e inexistente) fundamentación de la providencia dictada el 28 de julio de 2020 por otros hechos nuevos, conocidos con posterioridad y fuera de la instrucción, para mantener a toda costa nuestra condición procesal de investigados y una instrucción prospectiva que parece no tener límite ni horizonte", sostiene la formación morada.
Sobre la imputación por financiación ilegal
En el recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid, Podemos rebate la imputación por financiación ilegal. "A día de hoy la condición de 'investigada' de una persona jurídica sólo puede mantenerse sobre delitos para los que esté de manera expresamente previsto, lo que no ocurre con los presuntos delitos electorales, a pesar de que las personas jurídicas sean partidos políticos. Lo contrario supone alejarse del principio de legalidad y tipicidad".
Según el recurso, el juez práctica "un ejercicio de elasticidad indiciaria" y en el auto "no aparece ningún tipo de indicio con el que se puedan contrastar las sospechas de que esa supuesta distracción de fondos se haya destinado, indirecta o directamente, a financiar al propio partido político. Las afirmaciones ligeras sobre una supuesta existencia de tramas de financiación ilegal, de compensación de favores, de supuesta financiación de gobiernos extranjeros, y otras tantas presunciones sobre las que se el auto pretende construir toda la investigación, carecen absolutamente de cualquier sustento indiciario".
"Una investigación así dirigida, entendemos, obedece más al espíritu voluntarista del juez de instrucción que a un proceso con todas las garantías, en el que el justiciable no tendría el deber legal de soportar una investigación general en base a acusaciones sin acreditación alguna", concluye Podemos.