Cinco días pasaron desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidiera pisar el acelerador de su reforma el pasado sábado a que la frenara en seco este viernes. Según fuentes de su entorno consultadas por Libertad Digital, el presidente, movido por el enfado, dio la orden a la vicepresidenta, Carmen Calvo, autora de los catorce folios de la proposición de Ley, de acelerar los trabajos con el fin de remitirlo de forma inmediata a la portavoz Adriana Lastra, encargada de su presentación en el Congreso a modo de amenaza al PP. Una artimaña, presentar a través del grupo parlamentario un proyecto del Gobierno, que perseguía agilizar la reforma porque "no hay órdago si no hay presión temporal" y en apenas dos meses podía materializarse.
Se daba luz verde a la reforma exprés para renovar el sistema judicial sobre la que, según las fuentes gubernamentales consultas por Libertad Digital, habían vertido sus "dudas y reticencias" los tres jueces del Consejo de Ministros: Juan Carlos Campo (Justicia), Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior). Pero las dudas que los magistrados mostraron en privado a Pedro Sánchez a finales del verano, tras fracasar el acuerdo con el PP, fueron desoídas.
"Amagamos para demostrarles que somos capaces de hacerlo", decía a Libertad Digital este viernes una fuente de Moncloa. Pero en apenas cinco días el estado de ánimo se tornó, repentinamente, del enfado al temor. A las críticas generalizadas de los medios de comunicación —incluso sus afines como El País en un editorial titulado "Así no"—, de todas las asociaciones profesionales de jueces y magistrados que denunciaban la cacicada judicial, salvo la progresista Jueces para la Democracia, que se ponía de perfil, y de la crítica de las Instituciones Europeas a través del Departamento de Justicia de la Comisión Europea, se le sumó el miércoles el queo recién llegado al Gobierno.
Había amenaza de motín de los jueces contra el Ejecutivo: de un lado, amenazando con renunciar al cargo en caso de ser elegidos a través de la reforma; del otro, en forma de manifiesto en contra de la misma. Algo a lo que no eran ajenos los ministros jueces, Campo, Marlaska y Robles cuyo silencio mediático estos días ha sido elocuente y calculado. El primero en romperlo fue el ministro de Justicia el miércoles, poco después de conocer los movimientos de amotinamiento de los jueces y tras hacerse público que las asociaciones judiciales se negaban a reunirse con el Ejecutivo hasta que no retirara su reforma.
Obligado por las circunstancias, defendía desde Valencia que "la situación de rehenes que sufren los vocales del actual órgano de gobierno de los jueces requiere buscar válvulas" pero insistía en poner el foco en la posibilidad de pactar con el PP: "El patriota es el que aplica la Constitución".
Horas después, era el ministro de Interior, Grande Marlaska, quien debía ejercer de dique de contención ante el malestar de la judicatura y tras el toque de atención de la Unión Europea al día siguiente, jueves. Con el mismo argumento y las mismas palabras que Campo, evidenciando por tanto una estrategia coordinada de Moncloa, Grande Marlaska negó que la reforma "ponga en tela de juicio la democracia" y repitió el mantra de que el PP "ha tomado como rehén al Consejo General del Poder Judicial".
A esas alturas, en la víspera de la comparecencia de Pedro Sánchez en Bruselas, el Gobierno ya era consciente de que había ido demasiado lejos o, al menos, de que el coste tanto dentro como fuera de España era de tal magnitud que exigía de un mensaje inmediato. La Moncloa decidió dar un golpe de timón "para tranquilizar a Europa" y frenar a los jueces y preparó "el mensaje" del presidente para dar "fácil solución" a su "salida al bloqueo" haciendo una nueva y serena oferta al líder del PP, Pablo Casado.
El motín de los jueces
Fuentes jurídicas consultadas por LD aseguran que varios vocales del CGPJ se están planteando elaborar un informe para rechazar la proposición de Ley del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial por su "inconstitucionalidad".
Dicho informe iría más allá de un simple comunicado para mostrar el descontento del CGPJ y sería remitido al Congreso, al Senado y a las instituciones europeas. En principio, la idea partiría de varios vocales conservadores que estarían intentando recabar el apoyo de los vocales progresistas para dar una imagen de firmeza y unidad de todo el gobierno de los jueces contra la proposición de Ley. "Es muy difícil que se consiguiera recabar el apoyo unánime de todos los vocales del CGPJ", aseguran.
Las mismas fuentes apuntan que el descontento también afectaría a jueces y magistrados cercanos al PSOE y de tendencia izquierdista. Incluso aseguran que "el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, habría mostrado su rechazo a la reforma en privado. No obstante, en público hace declaraciones defendiendo la reforma".
Mientras, esta semana previsiblemente el presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, convoque un pleno extraordinario para estudiar la citada reforma presentada por el Ejecutivo del PSOE y Podemos. Dicho pleno fue solicitado por 7 vocales conservadores y en él se podría presentar el informe contra la reforma.