Tres comunidades autónomas solicitarán este jueves por la tarde al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que aplique un toque de queda en toda España. Son Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.
El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, se ha mostrado favorable con respecto a esta medida porque la situación es "francamente preocupante" y avoca nuevamente al "colapso sanitario". Igea ha apelado a la "responsabilidad" del Gobierno para que, además de permitir este tipo de medidas restrictivas, se apliquen medidas homogéneas en todas las comunidades autónomas aprobadas en la reunión de esta tarde porque "no puede pasar del día de hoy". "No tomar medidas sería una irresponsabilidad", ha planteado el vicepresidente de cara a la reunión de esta tarde, ya que "la vida de decenas de miles de ciudadanos están en juego".
También Castilla-La Mancha apuesta por esto: un toque de queda a nivel nacional para frenar el avance del coronavirus en todo el país, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico. En cuanto a la duración y vigencia de la medida, Castilla-La Mancha esperará a los planteamientos que se expongan durante la cita de esta tarde para hacer una propuesta concreta, toda vez que no lleva una idea cerrada y quiere explorar acuerdos con el resto de comunidades autónomas para determinar el horario más eficaz.
Por su parte, la Generalidad Valenciana planteará esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud un toque de queda entre la medianoche y las seis de la mañana hasta el próximo 9 de diciembre en toda España y, si no es posible, que se aplique en la Comunidad Valenciana para intentar frenar el avance de la pandemia. Así se lo ha trasladado este jueves el presidente valenciano Ximo Puig al presidente de la patronal autonómica CEV y a los secretarios generales de los sindicatos CCOO PV y UGT-PV, quienes le han mostrado su apoyo a esa petición, según han señalado Salvador Navarro, Arturo León e Ismael Sáez a los periodistas a su salida del Palau de la Generalidad. Los tres han coincidido en que la medida del toque de queda permitiría hacer compatible la actividad económica y la lucha sanitaria contra la pandemia.
Andalucía solicita al TSJ toque de queda en Granada
La Junta de Andalucía reclamará al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de esta comunidad una ratificación para aplicar medidas restrictivas de movilidad nocturna, desde las once de la noche hasta las seis de la mañana, en Granada capital y en treinta municipios de su área metropolitana. Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que ha acordado extender los cribados y endurecer las restricciones en los aforos sociales en las capitales de Sevilla, Jaén y Córdoba.
La reclamación a la Justicia de la ratificación de medidas restrictivas de movilidad nocturna en Granada capital y treinta municipios granadinos obedece al "preocupante" aumento de contagios por coronavirus. Bendodo también ha anunciado que se endurecerá el uso de las mascarillas en la restauración en Andalucía y en la práctica deportiva en espacios con grandes aglomeraciones.
Melilla pide confinamiento nocturno
Por último, el Gobierno de Melilla pedirá este jueves al Ministerio de Sanidad que aplique en la ciudad autónoma un confinamiento en horario nocturno porque considera que esta medida, junto con las que ya se han adoptado hasta ahora, como el cierre de la hostelería, permitirá frenar el aumento de contagios y "doblegar el virus".
No obstante, el presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, ha negado que esto sea "un toque de queda" y ha aclarado que ese término no existe en la legislación española, sino que es "un concepto periodístico que es erróneo" y "un término belicista que no se puede adoptar con las herramientas de la Constitución, porque no está previsto en ella".
El objetivo del confinamiento nocturno que solicitará Melilla tiene como objetivo limitar la movilidad y permanencia de personas en la vía pública para reducir las interacciones sociales y evitar el ocio nocturno y lo que se deriva de ello, como los botellones, fiestas en domicilios o garajes.