Menú

La Generalidad exige que se acredite el uso del catalán para dar ayudas por la pandemia

El eurodiputado Jordi Cañas denuncia el caso en Bruselas y pide una investigación por vulnerar el principio de no discriminación en el mercado único.

0
El eurodiputado Jordi Cañas denuncia el caso en Bruselas y pide una investigación por vulnerar el principio de no discriminación en el mercado único.
Aspecto de una céntrica calle de Barcelona durante el confinamiento perimetral. | EFE

Ni la pandemia impide que la Generalidad aplique su política lingüística a rajatabla. Así, el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha denunciado ante la Comisión Europea que la administración autonómica catalana exige a autónomos y pequeñas empresas que acrediten el uso del catalán en sus actividades para conceder las ayudas por la incidencia del coronavirus.

Las bases para acceder a las ayudas y subvenciones para micro y pequeñas empresas del sector industrial y de servicios, así como para bares y restaurantes y centros de estética afectados por la epidemia incluyen el cumplimiento estricto de los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley 1/1998 de 7 de enero de Política Lingüística. Es decir, que la cartelería, señalización y atención al público se deben hacer en catalán y que se debe garantizar su uso exclusivo de ese idioma en el centro de trabajo tanto de manera oral como por escrito.

Según una nota que Cañas ha remitido a la Comisión Europea, tal disposición "viola numerosas sentencias del Tribunal Constitucional español, que han resuelto que la obligación establecida por las normativas lingüísticas autonómicas a las empresas para que atiendan a sus clientes en castellano o catalán, según estos elijan, es solo aplicable a la relación entre la administración pública y los ciudadanos".

El eurodiputado apunta también que "los poderes públicos deben reconocer y promover el uso de las lenguas oficiales, sin que ello justifique un tratamiento discriminatorio o sancionador en el acceso a ayudas o subvenciones públicas, siendo esto contrario al ordenamiento jurídico comunitario".

Por ello, Cañas pide a la Comisión una investigación sobre la normativa de la Generalidad, toda vez que además de vulnerar la Constitución hace lo propio con el principio de no discriminación en el mercado único y supone una práctica anticompetitiva.

En España

    0
    comentarios

    Servicios