Hay veces que los tribunales de justicia son la única forma que tiene un funcionario público de defenderse cuando la apisonadora de un Ministerio se le viene encima. Y en ocasiones ni este recurso permite evitar las injusticias. Pero también hay finales felices. Ése es el caso del capitán del Ejército del Aire Juan Antonio Fernández Galindo, que ha conseguido salvarse de la purga que puso en marcha contra él la cúpula política del Ministerio de Defensa.
El Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 12 ha dado la razón al militar y ha anulado la suspensión de funciones (tanto empleo como sueldo) a la que le había sometido el departamento de Margarita Robles. Una decisión que se había tomado contra el criterio de los tres informes que se deben solicitar en estos casos: el del Coronel Jefe de la Unidad, el del Estado Mayor del Ejército del Aire y el de la Asesoría Jurídica General de la Defensa.
El calvario del capitán Fernández Galindo empezó por tres expedientes disciplinarios que abrió entre 2012 y 2013 a la cabo Teresa Franco, destinada en la Escuela Militar de Paracaidismo de Alcantarilla (Murcia). Tres expedientes que fueron abiertos conforme a la normativa, según confirmó el Tribunal Supremo en otras tantas sentencias. Pero la cabo, no satisfecha con las sentencias, decidió dar la batalla mediática.
Ella defendió públicamente que esos expedientes se debían a que denunciaba el machismo en el seno de las Fuerzas Armadas a través de su puesto en una asociación profesional (AUME) y recibió el apoyo en pleno de las fuerzas políticas de la izquierda. Tanto, que llegó a reunirse en el Congreso de los Diputados con las entonces diputadas socialistas Margarita Robles y Zaida Cantera. También con dirigentes de Podemos como Irene Montero o Tania Sánchez.
En una comisión de Defensa en la Cámara Baja en abril de 2018 quedó patente la gran amistad entre la cabo y la socialista Cantera: "Voy a pedir disculpas por si hablo con el corazón, que a veces el corazón nubla la mente, y voy a intentar que la mente no sea nublada por mi corazón. Doy las gracias a los portavoces aquí, porque saben precisamente la relación de amistad que me une con la cabo Teresa Franco, que llama 'sobrina' a mi hija".
De manera paralela, el Ejército del Aire abrió una investigación para estudiar si la cabo Franco se estaba extralimitando en sus declaraciones a la prensa –no tenía la autorización– y si estaba vulnerando la debida neutralidad política publicando mensajes en sus redes sociales a favor del PSOE. También investigaba por qué había suspendido los tres últimos informes de capacitación personal que se realizan a todos los militares.
La cabo Franco se encontraba en ese momento contra las cuerdas. La investigación interna que se había abierto, unida a los tres informes de capacitación suspensos, podía acabar con su expulsión de las FAS. Pero los oscuros nubarrones desaparecieron en cuando el PSOE llegó al Palacio de La Moncloa y Margarita Robles fue nombrada ministra de Defensa. Todo dio un giro de 360 grados en cuestión de semanas.
El Ejército del Aire cierra de golpe la investigación abierta. La cabo y la ministra coinciden en un programa de televisión en Cuatro y Robles hace pública su admiración por la militar. Y poco después, el PSOE de Murcia anuncia que Teresa Franco iba a ser su número 2 en la candidatura al ayuntamiento de la capital murciana en las elecciones municipales de 2019. Y allí sigue la cabo en situación de servicios especiales, como concejal del PSOE en Murcia.
El remate de la situación se produjo el 2 de diciembre de 2019, cuando el entonces subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, –fue cesado del Ministerio el pasado mes de junio– decidió suspender de empleo y sueldo al capitán Fernández Galindo en contra del criterio de los tres expedientes que se debían solicitar para tomar la decisión. Los mismos mencionados al inicio de la noticia. Una purga que los tribunales han desbaratado y por lo que ahora obligan a Defensa a pagar las costas del proceso judicial.
Éste es el segundo revés de este tipo que recibe la ministra Margarita Robles. En abril de 2019 tuvo que dejar un puesto acorde a su empleo al vicealmirante de la Armada Alfonso Gómez Fernández de Córdoba, al que intentó purgar cuando era subdirector de Reclutamiento y Orientación Laboral del Ministerio de Defensa y al que intentó obligar a pasar a la reserva en contra de su voluntad, tras recibir un duro varapalo jurídico del Tribunal Supremo.