El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha propuesto juzgar al excomisario del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca y el empresario, Francisco Menéndez Rubio, por los delitos de cohecho y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. En el caso del empresario, el juez le atribuye además 4 delitos contra la Hacienda Pública.
El magistrado adopta esta decisión en el marco de la pieza nº 1 del caso Villarejo bautizado inicialmente como Operación Tándem en referencia a los entonces comisarios Villarejo y Salamanca, arrestados en noviembre de 2017.
Los hechos que se han investigado en esta pieza se remontan a 2011, cuando el empresario Francisco Menéndez Rubio entró en contacto con Carlos Salamanca, entonces comisario jefe del Aeropuerto Madrid Barajas, quien prevaliéndose de su cargo le facilitó la entrada ilegal en territorio español de empresarios ecuatoguineanos de la empresa petrolera nacional de Guinea Ecuatorial, Gepetrol, a la que estaba vinculado el empresario.
Según explica el juez en el auto de pase a procedimiento abreviado, estas personas carecían del visado pertinente y Salamanca, a cambio de la obtención de dádivas de elevada cuantía, actuó presuntamente "prevaliéndose de su cargo como comisario jefe del Aeropuerto de Madrid-Barajas para que se concediera de forma arbitraria la autorización administrativa pertinente, consistente en la expedición excepcional del visado en frontera, incumpliendo groseramente los requisitos legalmente establecidos en la normativa aplicable".
El auto relata que fue Carlos Salamanca la persona que puso en contacto a este empresario con el comisario Jose Manuel Villarejo para la contratación del denominado "Proyecto King" y que solicitó la ayuda de aquel para facilitar la entrada en territorio nacional de dos personas (en tres ocasiones)
El magistrado detalla la entrega de dádivas, en regalos y dinero en efectivo a Salamanca por parte de Francisco Menéndez para la comisión de los hechos descritos o como recompensa por los mismos. Permite concluir, según el magistrado, la entrega de dádivas a cambio de la prestación de servicios con abuso de su condición policial.
El juez destaca además el elevado valor de los regalos recibidos así como "la corrupción del funcionario público, y a medida que va consolidando la relación puramente económica y de intereses mutuamente satisfechos, una paralela consolidación de los vínculos puramente personales". A partir de ahora el fiscal y las demás acusaciones personadas disponen de 10 días de plazo para solicitar la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.