Las organizaciones Impulso Ciudadano, Sociedad Civil Catalana, Cataluña Suma, Llibertats y Barcelona con la Selección se han personado como acusación popular en la causa seguida en el Juzgado de Instrucción n° 1 de Barcelona, en el marco de la conocida como Operación Voloh, llevada a cabo por la Guardia Civil, y en la que se investiga el entramado financiero del procés separatista y los casos de corrupción vinculados al mismo.
Como se recordará, el juez Joaquín Aguirre ordenó la detención el pasado 28 de octubre de David Madí, Xavier Vendrell y Oriol Soler como presuntos autores de varios delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias y desórdenes públicos. Los citados habrían impulsado el Tsunami Democràtic, la organización que provocó los graves disturbios con los que el separatismo respondió a la sentencia de Tribunal Supremo por el golpe de Estado de octubre de 2017. Además, habrían llevado a cabo supuestamente negocios irregulares con la Generalidad y desviado fondos públicos de la Diputación de Barcelona destinados al sostenimiento del prófugo Carles Puigdemont y la estructura con la que cuenta en Bélgica.
A raíz de las investigaciones y de las escuchas practicadas por la Guardia Civil afloró que Xavier Vendrell y Madí trataron de lucrarse con la pandemia, que Madí se jactaba de controlar los Mossos d'Esquadra y que Vendrell trataba de forzar la recalificación de unos terrenos para facilitar un negocio.
Los detenidos presumían también de sus contactos con Rusia y de que ese país les había ofrecido diez mil soldados para defender la independencia de Cataluña. Las escuchas ponían de manifiesto además que ERC provocó el caos en las residencias de ancianos durante la primera oleada del coronavirus y mostraban de manera descarnada la desconfianza hacia el expresidente Quim Torra del círculo íntimo de Puigdemont.
Los medios separatistas encabezados por TV3 trataron de restar crédito a la operación judicial y se escudaron en que la Fiscalía rehusó pedir medidas cautelares en la puesta en libertad de los detenidos para descalificar la investigación del magistrado Aguirre.
Las entidades constitucionalistas han emitido un comunicado en el que afirman que quieren "contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y reiterar su confianza y respeto hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad que han liderado la investigación, así como hacia los Tribunales de Justicia como garantes del Estado de Derecho".