La acusación popular ha solicitado que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias y Podemos aclaren si las empresas que remodelaron la sede de la formación morada en la calle Villaespesa de Madrid son las mismas que realizaron las obras de su casa en la localidad madrileña de Galapagar.
La Asociación de Juristas Europeos Prolege, que ejerce la acusación popular en la causa junto a la Asociación Movimiento de Regeneración Política de España y Vox, presentó la semana pasada un escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, solicitando nuevas diligencias de investigación.
Esta acusación popular pide que "se requiera tanto al partido político Podemos como a Pablo Iglesias para que informen sobre las empresas que trabajaron tanto en la reforma de la sede del partido político como en el domicilio particular de Galapagar de Pablo Iglesias para confirmar si son las mismas empresas o tienen relación entre ellas".
Tal y como desveló LD, Podemos se resistió a entregar al juez como éste solicitó los contratos de ejecución de obra suscritos con el arquitecto Manuel Campos para reformar la sede, los contratos de ejecución de obra con las 6 entidades mercantiles que ejecutaron las obras y el acondicionamiento de dicho edificio, el expediente de licitación de la ejecución y las facturas de 6 empresas que participaron en la citada reforma.
La Asociación de Juristas Europeos Prolege solicita en este contexto "la comparecencia de Nuria Julbe (arquitecta que reformó la vivienda de la pareja Iglesias-Montero en Galapagar y miembro de Podemos) a quien Mónica Carmona en su declaración de fecha 28 de octubre de 2020 y José Manuel Calvente en su día señalaron como la persona que llevó al arquitecto Manuel Campos quien realizó la reforma de la sede de Podemos, para que explique entre otras cosas lo que éstos declararon respecto a que llegaban ofertas para la reforma de la sede de Podemos antes de que se publicara su licitación".
En el mismo escrito, se reclaman los movimientos desde el 2018 al 2020 de la cuenta bancaria de Triodos-Bank en la que figura como titular Podemos y como apoderado del portavoz de la formación en el Congreso, Pablo Enrique Echenique Robba, como se desprende de un oficio de la UDEF de la Policía Nacional del 3 de noviembre. El objetivo es "determinar si ha habido más transferencias de la Coalición Unidas Podemos a la mercantil Neurona Comunidad S.L.", filial en España de la consultora chavista Neurona.
Además, se pide al juez las declaraciones como testigos del responsable financiero de Podemos, Denis Thomas Maguire, quien supervisaba entre otras cosas las donaciones a la caja de solidaridad, y de Eric Alberto Guerrero, alías el Colibrí (mejicano) a quien Juan Carlos Monedero trajo y estuvo contratado por Podemos vinculado con Neurona Consulting y puede esclarecer el hecho controvertido de las presuntas comisiones.
Por último, la Asociación de Juristas Europeos Prolege pide la comparecencia de Tirso Nohales Escribano quien aparece en los papeles aportados por Unidas Podemos –Libro Mayor elecciones generales al Congreso y Senado 28A 2019–. Éste era el cámara que grababa para Podemos las campañas electorales y al parecer es el mismo trabajo abonado de los supuestos servicios contratados por Neurona Consulting y podrá aclarar este extremo. Se interesa sea citado.
La declaración de otros dirigentes
Mientras, este viernes se retoman las declaraciones en la causa de varios dirigentes de Podemos imputados. Comparecerán ante el juez Juan José Escalonilla en calidad de investigados el nº 2 de Pablo Iglesias en la Vicepresidencia Segunda, Juan Manuel del Olmo; el tesorero de Podemos, Daniel de Frutos; la gerente del partido, Rocío Val; y la responsable de Compras y Finanzas de la formación, Andrea Deodato.
El titular de este juzgado madrileño también ha solicitado que el 20 de noviembre comparezcan como testigos los representantes legales de varias empresas que contrataron con la organización morada.