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La Fiscalía estudiará la "espontaneidad" y "veracidad" de la declaración de Juan Carlos I

La Fiscalía "valorará" la declaración a la Agencia Tributaria "en el marco de una investigación más amplia".

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La Fiscalía "valorará" la declaración a la Agencia Tributaria "en el marco de una investigación más amplia".
Don Juan Carlos | Gtres

La Fiscalía ha informado este viernes de que la regularización voluntaria de 678.393,72 euros del rey emérito Juan Carlos I afecta a "una investigación más amplia", en la que tienen que estudiar la "espontaneidad, veracidad y completitud" de la declaración tributaria efectuada hace dos días por el monarca.

Se trata del primer paso que ha dado la Fiscalía del Tribunal Supremo tras la regularización fiscal realizada por el monarca para evitar responsabilidades penales.

"Tras la reunión mantenida por los fiscales responsables de la investigación, la Fiscalía valorará el alcance de la declaración tributaria presentada por don Juan Carlos de Borbón y Borbón el pasado día 9 de diciembre, su espontaneidad, veracidad y completitud, en el marco de una investigación más amplia", señala el Ministerio Público en un escueto comunicado.

Eso sí, nada dice de la comunicación que la Fiscalía hizo a Juan Carlos I sobre la existencia de diligencias de investigación en su contra, algo que fuentes fiscales afirman es "habitual" en este tipo de diligencias preprocesales, no judicializadas.

No obstante, este factor puede evitar que la regularización exima de toda responsabilidad penal al monarca, ya que el artículo 305.4 del Código Penal señala que el pago debe hacerse "antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".

La Fiscalía tiene abiertas tres líneas de investigación contra el emérito. Una, sobre una supuesta cuenta en Suiza presuntamente atribuida al monarca y el posible cobro de comisiones por las obras del AVE a La Meca (Arabia Saudí); otra, la que es objeto de la regularización sobre el uso de tarjetas opacas; y una tercera, incoada tras un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

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