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Las prisiones catalanas se enfrentan a querellas por prevaricación si insisten en el tercer grado a los golpistas

Fuentes jurídicas consultadas por LD apuntan la posible interposición de querellas contra los funcionarios que integran las Juntas de Tratamiento.

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Fuentes jurídicas consultadas por LD apuntan la posible interposición de querellas contra los funcionarios que integran las Juntas de Tratamiento.
Europa Press

Las prisiones catalanas en las que permanecen encarcelados los golpistas del 1-O pueden enfrentarse a un delito de prevaricación al insistir en pedir el tercer grado para estos presos, sólo un mes después de que el Tribunal Supremo revocara la concesión de dicho grado penitenciario. Esta nueva petición podría volver a ser recurrida por la Fiscalía.

Las Juntas de Tratamiento de las cárceles donde cumplen condena por sedición los presos golpistas, Lledoners, Wad-Ras (Barcelona) y Puig de les Basses (Gerona), han vuelto a proponer este jueves la concesión del tercer grado. La solicitud deberá ser resuelta por la Secretaría de Medidas Penales de la Generalidad de Cataluña, un órgano de la Consejería de Justicia que dirige ERC.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan la posible interposición de querellas por un presunto delito de prevaricación contra los funcionarios que integran las mencionadas Juntas de Tratamiento de las prisiones de los golpistas. "Es una tomadura de pelo que se solicite de nuevo el tercer grado, sólo un mes después de que el Supremo lo haya revocado", afirman.

El artículo 404 del Código Penal recoge que habrá cometido un delito de prevaricación "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo".

A la persona que cometa prevaricación se le castiga con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años. Sin embargo, no acarrea penas de prisión.

Las mismas fuentes apuntan que la mencionada querella por prevaricación podría ser presentada por la propia Fiscalía o por cualquier ciudadano contra los funcionarios que integran las mencionadas Juntas de Tratamiento. No obstante, "las posibilidades de que una querella de este tipo fuera admitida a trámite en Cataluña y prosperase serían muy escasas, por no decir imposibles con el panorama actual".

La revocación del tercer grado por el Supremo

El Tribunal Supremo revocaba el pasado 4 de diciembre el tercer grado penitenciario concedido por el departamento de Justicia de la Generalidad catalana a los 9 golpistas condenados por un delito de sedición por el golpe 1-O, al considerar que se trata de una medida prematura. Una decisión judicial que afecta al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, lo exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell; el expresidente de a ANC, Jordi Sánchez; y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.

La Sala destacaba que era preciso que transcurriese un periodo de tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución del interno y el tratamiento penitenciario, máxime cuando se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años de cárcel) de las que ninguno ha cumplido la mitad, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte. La Sala estimaba así los recursos de apelación de la Fiscalía contra el progreso a tercer grado penitenciario concedido por la Generalidad y ratificado después por los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, de manera que deberían continuar en segundo grado.

Asimismo, el Supremo estimaba el recurso de la Fiscalía en relación a la aplicación a estos internos del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que suponía también un régimen de semilibertad, y que les deniega, reiterando los argumentos que dio respecto a Carme Forcadell el pasado mes de julio, por la falta de conexión de un programa de tratamiento de ese tipo con un proceso de reinserción de los delitos cometidos.

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