La Junta Electoral Central y la de Barcelona han dado la razón a Vox en su denuncia contra la Generalidad por el acoso que el partido viene sufriendo en las últimas semanas en, prácticamente, todos los actos que organiza en Cataluña, como ya ocurriera durante la campaña de las elecciones gallegas y vascas.
El organismo provincial da orden a la Oficina de Derechos democráticos y civiles, dependiente del Gobierno catalán, de retirar de su cuenta oficial de Twitter la convocatoria que publicó el pasado dos de enero, en la que animaba a protestar contra la "extrema derecha filo-fascista", en referencia a Vox, al acompañar el mensaje con una imagen de una carpa informativa del partido.
En su resolución acuerda pedir a la Generalidad "abstenerse en lo sucesivo de conductas similares, bajo apercibimiento de sanción", recordando, también, que se trata ya del segundo requerimiento.
La Junta Electoral Provincial hace referencia, además, a la resolución adoptada este jueves por la Junta Electoral Central, a la que también recurrió el partido, y que le da la razón, al estimar que el mensaje difundido por la Generalidad "vulnera los principios de objetividad y neutralidad política exigibles a todo ente público".
Por ello, insta a la entidad a que "en el futuro se abstenga de tomar partido a favor o en contra de ninguna candidatura que legítimamente pueda presentarse a las elecciones, en orden a respetar los citados principios".
El candidato de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, se ha mostrado satisfecho y ha "celebrado" que contra la "infame declaración de la institución catalana donde se animaba a escrachear y violentar a nuestra formación", la JEC y la de Barcelona hayan estimado su denuncia. "Es un aviso a esta mafia separatista", ha dicho desde Barcelona, acompañado por Santiago Abascal, que ha calificado, también, de "intolerable y fuera de toda normalidad democrática", que la Generalidad aliente el acoso a su partido.
La JEC y la de Barcelona desestiman, sin embargo, los recursos que Vox interpuso contra ERC y la CUP por alentar movilizaciones contra el partido durante las recogidas de avales que llevaron a cabo en distintos barrios de Barcelona, antes de que se conociera el retraso de las elecciones catalanas. Ambos organismos entienden que las convocatorias "están amparadas por el respeto a los derechos de libertad ideológica y de expresión".