Tres de los condenados por el golpe de Estado separatista de octubre de 2017, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, quieren salir de la cárcel por la vía del indulto. Después de rechazar la medida de gracia, reafirmarse en que volverían a cometer los mismos delitos por los que fueron sentenciados a penas de entre 9 y 13 años de prisión y exigir la amnistía o nada, los tres presos parecen haber claudicado y exigen ahora su inmediata puesta en libertad.
Jordi Sànchez era el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y ahora es el secretario general del partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, mientras que Rull y Turull eran consejeros autonómicos de la cuota convergente. Los tres, junto a Quim Forn, también convergente pero a quien representa otro abogado, Javier Melero, el presidente de Òmnium Jordi Cuixart y los republicanos Oriol Junqueras y Raül Romeva, se habían mostrado en contra de los indultos y se negaron a ser ellos quienes los pidieran. Carme Forcadell no se ha pronunciado al respecto mientras que Dolors Bassa dijo casi desde el principio que aceptaría el indulto.
El grueso de los condenados quería la amnistía y así lo han ido diciendo en las múltiples entrevistas y declaraciones públicas que han protagonizado desde su ingreso en prisión, en otoño de 2017. También dijeron que no se arrepentían y convirtieron en un eslogan la frase "lo volveremos a hacer" que pronunció Cuixart en su turno de palabra en el cierre del juicio en el Tribunal Supremo.
Petición en el Tribunal Supremo
Ahora han cambiado las tornas y el abogado Jordi Pina, defensor de Sànchez, Rull y Turull, dirigió este viernes un escrito al Tribunal Supremo en el que afirma que "A la vista de los antecedentes expuestos, esta parte advierte -no sin cierta desazón- que este Excmo. Tribunal no está tramitando los expedientes de indulto con la celeridad habitual con la que ha solido resolver las peticiones o recursos que se han interpuesto por algunas de las partes. Parece ciertamente sorprendente no sólo que esta defensa se haya visto en la obligación de tener que asumir el rol de "tramitador" o "impulsador" de los expedientes de indulto, sino que más de tres meses después desde la formación de dichos expedientes todavía no se haya evacuado el trámite previsto en los artículos 24 y 25 de la Ley reguladora del indulto. Es más, y dicho sea con los debidos respetos, lo cierto es que la injustificada lentitud con la que se están tramitando los expedientes de indulto parece que pretenda esconder una voluntad de dilatar la resolución de los mismos".
Invocan la Constitución
En el mismo escrito dirigido a la Sala Segunda, Pina refuerza su petición al advertir que "pese a que nuestros mandantes no solicitaron los indultos objeto de los presentes expedientes, la finalidad del derecho de gracia que reconoce el art. 62 i) de nuestra Constitución consiste en operar como un corrector de la ley penal en los casos en los que su aplicación en forma de ejecución de la pena pueda resultar desproporcionada e injusta, por lo que, atendiendo a la naturaleza consustancial a la idea de gracia, su tramitación debería operar bajo las máximas de celeridad, especialmente teniendo en cuenta que nuestros representados se encuentran privados de libertad".
Las juntas de tratamiento de las cárceles de la Generalidad han resuelto emitir un informe favorable a la concesión del tercer grado que anuló el Tribunal Supremo. Ahora es la secretaría de medidas penales de la administración autonómica quien debe dar su visto bueno, algo que se lleva a cabo de oficio. Sin embargo, la Fiscalía ha advertido a los involucrados en la decisión de que podrían incurrir en prevaricación.
Por otra parte, los partidos separatistas confían en que Sánchez no retrase hasta después de las elecciones catalanas la concesión del indulto ahora que los comicios se han aplazado como mínimo hasta el 30 de mayo.