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El TSJC anula cautelarmente el aplazamiento de las elecciones catalanas y mantiene el 14-F

Admite las medidas cautelares solicitadas por un particular a la espera de decidir sobre el fondo de la cuestión.

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Admite las medidas cautelares solicitadas por un particular a la espera de decidir sobre el fondo de la cuestión.
Iceta e Illa, durante el primer acto de precampaña de las elecciones catalanas de febrero. | EFE

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el decreto de la Generalidad que suspendía las elecciones catalanas y marcaba como nueva fecha para su celebración el 30 de mayo en lugar del 14 de febrero. La decisión responde a la petición de un particular, Josep Asensio, ex Mosso d'Esquadra y abogado, y del partido Izquierda en Positivo, que en sus recursos solicitaron la aplicación de medidas cautelares.

Los magistrados no han tardado ni 24 horas en dar una respuesta. A partir de ahora se abre un plazo de tres días para que la Generalidad presente sus alegaciones. También podría darse el caso de que el TSJC convoque a las partes en el mismo plazo.

Además de estos dos recursos, el TSJC tiene sobre la mesa los presentados por la Lliga Democràtica y Federalistes de Esquerra, así como el de Impulso Ciudadano, la entidad constitucionalista dirigida por el exdiputado de Ciudadanos José Domingo, sobre los que se deberá pronunciar también en breve.

Todos los recursos inciden en que el decreto de la Generalidad carece de rigor jurídico, alude a escenarios de la pandemia sin avalar las predicciones con datos y anuncia una convocatoria para el 30 de mayo en lo que supone un retraso del todo injustificado. Uno de los puntos más cuestionados es el segundo artículo del decreto, que abre la puerta a más aplazamientos: "Las elecciones al Parlamento de Cataluña se convocarán para que tengan lugar el día 30 de mayo de 2021, previo análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública y de la evolución de la pandemia en el territorio de Cataluña, y con la deliberación previa del Gobierno, mediante decreto del vicepresidente del Gobierno en sustitución de la presidencia de la Generalitat".

La Junta Electoral Central (JEC) ha apuntado que la decisión final corresponde al TSJC porque el organismo de control electoral es competente una vez convocadas las elecciones, no antes.

El gobierno catalán apuntaba entre los motivos para aplazar las elecciones que las medidas adoptadas por la consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia para la celebración de los comicios son "insuficientes" ante las "circunstancias epidemiológicas".

Así las cosas, de momento las elecciones catalanas se mantienen para el 14 de febrero a la espera de que el TSJC adopte una decisión definitiva.

Cs pide al 'Govern' que encuentre la solución jurídica

El candidato de Cs a la presidencia de la Generalidad, Carlos Carrizosa, pide al Gobierno catalán que encuentre la manera jurídica de garantizar la seguridad de los ciudadanos y el derecho a acudir a las urnas.

"No podemos votar en un entorno que suponga un riesgo para la salud de las personas, esto es de pura lógica, por lo tanto hay que encontrar la forma jurídica para garantizar los dos derechos, algo que no sería posible el 14, por lo tanto corresponde al gobierno encontrar esta manera", ha señalado Carrizosa.

Carrizosa también ha anunciado que hoy han presentado una solicitud para intensificar el control parlamentario a la espera de conocer si finalmente las elecciones se celebrarán el 14 de febrero o el 30 de mayo: "Hemos pedido que se reúna la diputación permanente cada semana y que cada 15 días podamos hacer una sesión de control de preguntas al Gobierno".

La posición del Govern

Por su parte, el gobierno catalán ha reactivado los mecanismos electorales para celebrar las elecciones el 14 de febrero al tiempo que ha encargado a los servicios jurídicos de la Generalidad que preparen las alegaciones a favor del aplazamiento. Según la portavoz y consejera de Presidencia, Meritxell Budó (JxCat), el TSJC sólo puede decidir si el actual gobierno, sin presidente tras la inhabilitación de Quim Torra, es competente para aplazar las elecciones. Lo que no puede hacer el TSJC, opina la dirigente separatista, es proponer otra fecha alternativa al 30 de mayo.

La discusión entre los partidos se centra, en realidad, en la nueva fecha, ya que todos están de acuerdo en retrasar los comicios. Los socialistas están en contra del 30 de mayo porque, alegan, responde a los intereses de los partidos independentistas. JxCat cree que podrá alcanzar a ERC, a quien ya pisa los talones en las encuestas, y ERC, por su lado, considera que así desactivaría el supuesto efecto Illa. El PSC cree que las elecciones no se deberían hacer más tarde de Semana Santa.

Sea como fuere, el Govern no está dispuesto a negociar una nueva fecha, según ha apuntado Budó, de modo que las elecciones se celebrarán el 14 de febrero o el 30 de mayo si el TSJC atiende a los argumentos del ejecutivo autonómico.

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