Cuando el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, defendía de manera insistente hasta el primer pronunciamiento del TSJC la necesidad de celebrar los comicios catalanes antes de la Semana Santa, nada hacía sospechar que lo que podían intuir en la calle Pallars de Barcelona, sede del PSC, era la posibilidad de que la campaña de las elecciones autonómicas pudiese coincidir en el tiempo con la declaración ante el juez de la presidenta ni más ni menos que de sus propias siglas, Núria Marín.
La también alcaldesa de Hospitalet tenía pendiente la citación en el Juzgado número 2 del mismo municipio para responder ante el juez por el supuesto desvío de las subvenciones que recibía el Consejo Deportivo –entidad privada pero que dependía del consistorio– para fines particulares. Por este motivo fue detenida el pasado 10 de diciembre para prestar declaración ante agentes de la UDEF. Este martes, horas después de conocer la suspensión de manera cautelar el aplazamiento electoral en Cataluña hasta el 30 de mayo por la que se felicitaban los socialistas, la justicia imputaba a Marín por malversación y omisión del deber de perseguir un delito.
Una trama que surge de la denuncia en el mes de junio de un compañero de partido, ex primer teniente de alcalde y que a día de hoy conserva el acta de concejal en el consistorio, Jaume Graells. Fue él quién puso en sobre aviso a la alcaldesa socialista de ciertas irregularidades que estaban cometiendo dos compañeros de partido —el segundo teniente de alcalde, Cristian Alcázar, y el ya exconcejal de deportes, Cristóbal Plaza, ex director del organismo deportivo durante 16 años— como la existencia de una doble contabilidad o el desfase de hasta 400.000 euros en un solo ejercicio.
Tras prestar declaración en la comisaría, la alcaldesa del PSC dejó claro en una comparecencia pública que no dimitiría de su cargo porque tras ser informada de estas sospechas de irregularidades, ordenó una investigación interna en el consistorio en la que se no se detectó ninguna sospecha de acto delictivo. La causa también salpica a la Generalidad y está bajo investigación el secretario de Deportes y Actividad Física, Gerard Figueras que también ha sido citado a declarar.
Claros indicios de delito
La magistrada que instruye el caso y que ya ha autorizado el volcado del teléfono móvil de la socialista Marín, sospecha que tanto la presidenta del PSC como el alto cargo de la Generalidad –del partido del fugado Puigdemont gracias a quien, también es presidenta de la Diputación de Barcelona– habrían maniobrado para ocultar estos hechos, una vez se les fueron comunicados por el concejal del PSC, Jaume Graells. Según consta en la instrucción del caso y de acuerdo con los mensajes aportados por el todavía concejal socialista, los sujetos investigados "se pusieron de acuerdo para intentar ocultar los hechos y evitar su descubrimiento orquestando una maniobra para aparentar frente a terceros una correcta actuación" de los implicados.
Según la magistrada, se desprenden indicios de que hasta el momento no habría duda de que tanto la alcaldesa socialista como el alto cargo del Ejecutivo separatista, Gerard Figueras, habrían "favorecido y/o facilitado de forma indiciariamente injusta la concesión de subvenciones con fondos públicos del Ayuntamiento" en manos del PSC. Desde el entorno de la presidenta de los socialistas catalanes insisten en que fue ella la que pidió al juez poder declarar lo antes posible.