El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, fue investigado internamente por cobrar costas procesales cuando era defendido por abogados a sueldo de Podemos.
La investigación al líder de la formación morada estaba siendo efectuada por la responsable de Cumplimiento Normativo, Mónica Carmona, y por el letrado José Manuel Calvente. No obstante, no pudieron concluirla al ser cesados en diciembre de 2019. Posteriormente, la denuncia que presentó Calvente sobre diversas irregularidades detectadas originó la investigación por financiación ilegal al partido en el Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid. La Audiencia Provincial de Madrid ratificaba este pasado jueves dicha imputación.
Fuentes del entorno de Podemos consultadas por Libertad Digital aseguran que ambos letrados purgados alertaron a la cúpula financiera del partido sobre "el riesgo" de que dirigentes de la formación se beneficiaran de costas procesales, cuando habían sido defendidos por los abogados del Equipo Legal en sus respectivas causas judiciales.
Dicho riesgo se agudizó después de que Iglesias obtuviera 7.730 euros en costas, tras ser desestimada una demanda presentada por Unión del Pueblo Navarro UPN ante el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Pamplona a principios de 2018. En esta causa, Iglesias fue defendido por la abogada de Podemos, Marta Flor. Entonces, se planteó la duda sobre si era "legal" que Iglesias cobrase las costas cuando él no había abonado los honorarios de letrado y procurador que habían sido sufragados por el partido.
Las costas procesales son todos los gastos derivados de un procedimiento judicial, tales como los honorarios del letrado, procurador o peritos. Si una parte pierde la causa deberá pagar sus propias costas e incluso las de la parte contraria si el juez acuerda una "condena en costas", tal y como sucedió en la citada causa entre Iglesias y UPN.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que el posible cobro de costas de Iglesias podría incurrir en "presuntas irregularidades tributarias" por parte del partido o del propio líder de Podemos, ya que cabría la posibilidad de que se tuvieran que declarar los importes percibidos en su declaración de la renta y que no lo hubiera hecho.
"Al margen del destino que Iglesias diera a las costas procesales percibidas a su nombre, quedándoselas o donándoselas al partido, debería declararlo como ingreso en su declaración de IRPF. Se trataba del cobro del importe de unas facturas que él no había satisfecho, sino que las había pagado el partido", aseguran.
"Además, si Iglesias cobró personalmente la citada cantidad y luego la donó al partido, se desconoce si dicha donación tendría validez como la donación obligatoria que deben realizar los cargos que cobren más de 3 salarios mínimos que fija el Código Ético de la formación morada", afirman.
¿Una cuenta para pagar condenas a Iglesias y Montero?
Las mismas fuentes apuntan a este diario que el tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, propuso incluso "abrir una cuenta" para los importes que consiguiera la formación en materia de costas procesales y que dicho dinero fuera destinado a sufragar las posibles condenas que tuvieran que afrontar el partido o personalmente Pablo Iglesias o Irene Montero.
Al parecer, el asunto sobre el cobro de costas por parte de dirigentes de la formación fue tratado en diversas reuniones, pero el partido no adoptó ninguna decisión al respecto. Posteriormente, los abogados Calvente y Carmona eran despedidos fulminantemente tras haber advertido de la presunta irregularidad.
Gastos judiciales del padre de Iglesias facturados al partido
Tal y como desveló Libertad Digital hace un año, los gastos de la demanda presentada por el padre del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por un artículo del periodista y actual eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, se facturaron a Podemos.
LD publicó en exclusiva la factura de 1.114,95 euros de la procuradora sobre el caso de Francisco Javier Iglesias (padre de Pablo Iglesias) remitida a la formación morada para que abonase los gastos del citado procedimiento. Según el desglose de la factura, 1.023,54 euros correspondían con los derechos de minuta, 30 euros por los suplidos (gastos pagados en nombre del cliente), 214,94 euros correspondientes con el 21% de IVA y la reducción de 153,53 euros de IRPF al ser remitida la factura a un partido político y no a una persona concreta.