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PP, Cs y Vox exigen conocer el "demoledor" informe que el Gobierno oculta sobre la gestión de los fondos europeos

El Consejo de Estado reconoce que el Ejecutivo solicitó un informe sobre el decreto ley, pero ese informe nunca se remitió a las Cortes.

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El Consejo de Estado reconoce que el Ejecutivo solicitó un informe sobre el decreto ley, pero ese informe nunca se remitió a las Cortes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo. | EFE

El Partido Popular y Ciudadanos aseguran que el Gobierno ha ocultado el informe que solicitó al Consejo de Estado sobre el decreto ley de gestión de los fondos europeos porque "es demoledor". El informe, no vinculante, nunca se remitió a las Cortes junto con el decreto para la gestión pública de los 140.000 millones europeos para la recuperación, que se aprobó el pasado 28 de enero con la abstención de Vox.

Desde el Partido Popular se ha iniciado este miércoles en la sesión de control una ofensiva para exigir al Gobierno que publique este informe que pidió al Consejo de Estado. Tanto Pablo Casado como Cuca Gamarra han preguntado al Ejecutivo por este asunto pero no han obtenido respuesta. De ahí que hayan pedido el escrito directamente al Consejo de Estado.

Fuentes populares explican que como este informe "era contrario a sus intereses, el Gobierno lo eliminó". "No es preceptivo pero una vez solicitado forma parte del expediente y hurtarlo al Congreso es un grave vicio del procedimiento que puede hacer nulo el decreto", explican desde el PP.

Recuerdan en Génova que artículo 9 el reglamento del Congreso dice que el Gobierno está obligado a enviar toda la información al Parlamento, puesto que está sometido a él. "La pregunta sería: ¿hay algún precepto que faculte al Gobierno para no enviar toda la información? No. Solamente se puede eludir esa obligación si el Gobierno declara secreto el contenido del informe, y entonces iría a la Comisión de Secretos Oficiales, que habitualmente se utiliza para cuestiones relativas a la seguridad nacional", añaden fuentes del PP.

También el artículo 7 del Reglamento del Congreso dice que los diputados "tendrán la facultad de recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas", y "la Administración requerida deberá facilitar la documentación solicitada o manifestar al presidente del Congreso, en plazo no superior a treinta días y para su más conveniente traslado al solicitante, las razones fundadas en derecho que lo impidan". "Luego quien tiene que explicar por qué no ha enviado el informe es el Gobierno, y no al revés", aseguran desde el PP.

Un informe "demoledor"

El portavoz adjunto del grupo en el Congreso de Ciudadanos, Edmundo Bal, se pregunta "qué miedo tiene el Gobierno a que conozcamos el resultado" del informe y asegura que estamos ante "una muestra más de lo que hace el Gobierno con las instituciones objetivas e independientes: cargárselas, ningunearlas y ocultar lo que le molesta".

Ciudadanos insiste en que sólo conoce dos datos sobre el informe oculto: que tiene 96 páginas y que es "demoledor" con el decreto ley del gobierno. "Es razonable pensar que es demoledor", ha afirmado Bal. "Si el dictamen hubiera sido favorable y hubiera puesto muchas flores al Gobierno por lo bien que lo hace, ya se hubieran apresurado a presentarlo" en las Cortes, pero si "lo han guardado en un cajón, no lo dan a conocer ni a los medios ni a la oposición, será precisamente porque el dictamen sobre el real Decreto-Ley no les es muy favorable", ha insistido Bal.

Vox: "Esencial para la elaboración de enmiendas"

Vox también ha registrado en el Congreso una petición exigiendo el informe del Consejo de Estado sobre el decreto de los fondos europeos. La formación reclama que se le aporte el documento con urgencia, al considerarlo "esencial para la elaboración de las enmiendas para la tramitación del texto de los fondos como proyecto de ley".

Además, Vox ha anunciado que apoyará cualquier convocatoria extraordinaria de la Mesa del Congreso para abordar esta cuestión y exigir "la máxima transparencia en la gestión de este dinero que debe llegar con la mayor celeridad y con todas las garantías posibles a los españoles".

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