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Vox recurre al TC el acuerdo de PSOE y PP sobre el CGPJ que les deja fuera

El partido presenta un recurso de amparo para anular el proceso de renovación iniciado en 2018.

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El partido presenta un recurso de amparo para anular el proceso de renovación iniciado en 2018.
Macarena Olona y Víctor González se dirigen a visitar al excomisario Villarejo en la cárcel | EFE

Vox ha presentado este viernes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el posible acuerdo de PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que califican de "oscuro" y que, según aseguran los de Abascal, se selló antes de las elecciones catalanas, pero no se ha anunciado por intereses electorales. Desde el partido de Pablo Casado niegan, sin embargo, que se haya producido un pacto.

En la demanda, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, Vox reclama anular el procedimiento iniciado en 2018, en la XII Legislatura, para sustituir a los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces después de que concluyeran sus 5 años de mandato. Desde entonces, y ante la falta de acuerdo político, sus miembros se encuentran en funciones.

La legislación actual establece un sistema de reparto que en la práctica otorga todo el poder de decisión a los partidos políticos que, a través de sus diferentes cuotas de poder y de representación parlamentaria, se reparten la designación de todos los integrantes del CGPJ, que requiere de una mayoría cualificada de las Cortes, es decir de tres quintos, para su renovación.

Un sistema que los de Abascal intentaron modificar en octubre de 2020 a través de una proposición de Ley en el Congreso, que pedía regresar a la norma de 1980 para que 12 de los vocales fueran nombrados directamente por los jueces, sin requerir del aval del Congreso y del Senado, a diferencia de lo que ocurre ahora. Los 8 restantes serían designados por las Cortes.

Vox pide entrar en el reparto

Dado que su propuesta para despolitizar el CGPJ no salió adelante, Vox lucha ahora por entrar a formar parte del sistema de reparto, según se desprende del recurso que han presentado ante el Tribunal Constitucional, en el que recuerdan que la composición del Parlamento de la XII Legislatura no tiene nada que ver la vigente, la XIV. Entonces no tenían representación y ahora suman 52 diputados, siendo la tercera fuerza política.

El partido reclama poder participar en la designación de los vocales y no quedar al margen de la renovación. "Según las noticias que aparecen en los medios de comunicación, la propuesta por el Parlamento para el nombramiento de los miembros del nuevo CGPJ se desarrolla a través de opacas conversaciones bilaterales entre el PSOE y el PP", aseguran en el texto.

"Como es evidente, en esta Legislatura XIV la composición del Congreso dista notoriamente de la que había en la Legislatura XII", aseguran en la demanda, recordando que, en caso de llegar a un acuerdo entre PSOE y PP, la composición del CGPJ no reflejaría la actual representación parlamentaria.

El partido se queja de que "se priva a los representantes electos de Vox y al GP Vox de toda participación formal en un procedimiento tan absolutamente relevante en un sistema democrático como el que debe producirse para la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial".

La secretaria general del grupo, Macarena Olona, ha denunciado este viernes que PSOE y PP han llegado a "un acuerdo en una habitación oscura para repartirse las sillas judiciales", lo que considera "corrupción política".

Juristas alertaron contra el procedimiento iniciado en 2018

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial alertó en diciembre de 2020 de que el procedimiento iniciado en 2018 podría ser considerado inconstitucional. Entonces se presentó la lista de 50 candidatos que proponen los jueces para que las Cortes elijan después a 12 vocales. A ellos que se suman los otros 8 propuestos por el Congreso y el Senado.

Según recogió Europa Press, estos juristas advertían de que el actual proceso podría ser considerado nulo e inconstitucional por vulnerar los derechos fundamentales de los jueces salidos de las dos últimas promociones, las de 2019 y 2020.

Entienden que los trámites quedaron suspendieron una vez las Cortes fueron disueltas en 2019 y, por tanto, deberían reiniciarse desde el principio todo el proceso ya que, incluso los datos de los candidatos, como afiliación, o categoría, han quedado desfasados.

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