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¿Quiénes son De Prada y Victoria Rosell? Los jueces que impone Podemos como vocales del CGPJ

La renovación del CGPJ se ha visto truncada con la imposición por parte de Podemos de los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell como vocales.

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La renovación del Consejo General del Poder Judicial CGPJ iba encaminada esta semana. Las negociaciones avanzaban entre el PSOE y el PP hasta que Podemos, que según los populares no tenía vela en este entierro, proponía como vocales a dos de los jueces más polémicos y que políticamente han hecho más daño a los populares, José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. Según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dos "profesionales de gran valía". En Libertad Digital analizamos su particular visión de la justicia.

José Ricardo de Prada (Madrid, 1957) aterrizó en la Audiencia Nacional en 1990 y es magistrado de la Sala Penal. Fue el artífice de la moción de censura que consiguió derrocar al Gobierno de Mariano Rajoy y llevar a Pedro Sánchez a La Moncloa. De Prada tumbó al Ejecutivo del PP con la sentencia sobre la primera época del caso Gürtel en la que cuestionó la "credibilidad" del propio Rajoy y en la que los populares fueron condenados a pagar 245.000 euros de multa como partícipes a título lucrativo de la trama corrupta.

La propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidía posteriormente apartarle del juicio de la caja B del PP al considerar que ya entró a valorar los hechos en la sentencia que dictó sobre la primera época del caso Gürtel (1999-2005). Tras denunciar varios medios de comunicación sus maniobras en la citada sentencia, De Prada pidió amparo al CGPJ ante lo que consideraba una campaña que le había convertido en "chivo expiatorio". Tras estudiar su caso, el Gobierno de los jueces se negó a darle amparo.

Fuentes jurídicas muy cercanas a De Prada destacan su ideología radical de izquierdas. "No es que sea progresista es que Trotskista o Estalinista", ironizan. A pesar de que un juez no debe plasmar sus ideas políticas en sus resoluciones, la trayectoria de De Prada ha estado marcada precisamente por lo contrario. Especialmente polémicas han sido sus decisiones judiciales relacionadas con el terrorismo de ETA o de los CDR en Cataluña. Además, fue uno de los magistrados que apoyó públicamente a Baltasar Garzón cuando fue juzgado en el caso de las escuchas ilegales en Gürtel por el que fue finalmente inhabilitado como juez.

En el caso archivado del vuelo clandestino de la CIA que aterrizó en 2004 en el aeropuerto de Palma de Mallorca, supuestamente utilizado para trasladar presos a Afganistán, De Prada presentó un voto particular en el que apuntaba al expresidente del Gobierno, José María Aznar, como responsable de los hechos.

En 2011, De Prada justificó el chivatazo a ETA en el ‘caso Faisán’ porque, según su criterio, se produjo en un contexto de negociación que el Gobierno socialista mantenía con la banda terrorista y porque sus autores fueron policías que seguían órdenes. Aseguró literalmente que el chivatazo fue una "acción de oportunidad y eficacia discutible pero, en todo caso, tendente a evitar de una u otra manera futuras acciones terroristas".

En otra ocasión, De Prada rechazó condenar a un joven que había realizado una pintada a favor de ETA descartando el delito de enaltecimiento de terrorismo porque se trataba de un "texto inacabado de contenido interpretable". En un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid afirmó incluso que las penas a etarras eran "altas y desproporcionadas".

La Asociación de Víctimas del Terrorismo AVT le denunció ante el Consejo General del Poder Judicial por afirmar que en España "las torturas se han producido de forma clara". Dichas acusaciones las realizaba en una mesa redonda organizada por el Ayuntamiento de Tolosa, compartida con el abogado de ETA Íñigo Iruin, y bajo el título "Excepcionalidad jurídica en Euskal Herria". "Yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte de tortura que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho", añadía.

Más recientemente, en el caso del golpe del 1-O de 2017 fue el único de los 5 magistrados de su Sección que se posicionó en contra de mantener la prisión provisional para el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez y el presidente de Ómnium Cutural, Jordi Cuixart.

Además, anuló la prisión de 4 de los CDR arrestados por delitos de terrorismo, fabricación y tenencia de explosivos, y conspiración para causar estragos. Respecto a uno de ellos, aseguró que no almacenaba explosivos, sino "sustancias" para fabricarlos.

La polémica juez podemita Victoria Rosell

María Victoria Rosell (Murcia, 1968) es magistrada es excedencia de la asociación progresista Juezas y Jueces para la democracia, exdiputada de Podemos y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Llegó incluso a ser postulada como ministra de Justicia por la formación de Pablo Iglesias.

Como titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas protagonizó un gran número de incidentes con los representantes del Ejecutivo en las Islas, a los que acusaba de actuar "al servicio del PP". Como juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros CIE de Gran Canaria, la Delegación del Gobierno y la Fiscalía la acusaron de practicar diligencias que excedían sus competencias.

Llegó incluso a impedir la devolución a Marruecos de dos inmigrantes a pesar de que no era competente para ello. En dicha ocasión, la Brigada de Extranjería recibió en un mismo día la misma orden, procedente del Juzgado nº 8 cuyo titular era Rosell y del 3, que era el que en realidad correspondía.

Fuera de los Juzgados también ha provocado fuertes enfrentamientos por su soberbia. Siendo diputada de Podemos protagonizó una lamentable escena en el aeropuerto de Gran Canaria en el 2016. Se presentó en el mostrador de información de AENA "con actitud soberbia, solicitando que se le abriese la sala de autoridades inmediatamente, para viajar a Madrid" en un vuelo que salía 45 minutos después.

El empleado del aeropuerto le explicó que aunque fuera diputada no tenía derecho a usar esa sala, ya que "hay un protocolo de solicitud, que autoriza previamente la Delegación de Gobierno, siempre y cuando quien lo solicita tenga derecho a ello". La Guardia Civil le exigió que se identificara tras montar un enfrentamiento airado y Rosell le llegó a contestar "no me da la gana". Ella lo negó e intentó quitar hierro a la polémica que sin embargo, fue captada por las cámaras de seguridad.

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