El magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, está "obligado" a abstenerse en las sentencias que el Alto Tribunal dictará sobre el golpe del 1-O por unas declaraciones realizadas en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2017. El Alto Tribunal tiene que resolver varios recursos presentados por lo golpistas contra la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en octubre de 2019.
Conde-Pumpido fue designado coordinador de todos los recursos presentados en el Constitucional sobre el 1-O junto al magistrado conservador Antonio Narváez, que precisamente decidió apartarse de la causa el pasado 16 de febrero tras la recusación solicitada por el expresidente fugado, Carles Puigdemont, y 9 de los golpistas condenados. Todo ello, por unas palabras que pronunció en una conferencia en Granada en 2017, donde dijo que lo ocurrido en Cataluña era un "golpe de Estado encubierto" que fue "mucho más grave, por sus consecuencias, que el golpe de Estado de 1981".
Fuentes del entorno del TC consultadas por Libertad Digital aseguran que existe "una gran preocupación ante la posible recusación de Conde-Pumpido" y que por tanto, corra la mismas suerte que Narváez tras realizar unas declaraciones sobre Cataluña durante el "Seminario del 40 Aniversario del ingreso de España en el Consejo de Europa" celebrado en el Congreso de los Diputados el 23 de noviembre de 2017. Sólo un mes y medio después del golpe del 1 de octubre.
En dicha declaraciones, Conde-Pumpido denunciaba que en Cataluña "el fenómeno adquiere un carácter singular si los que agitan esta bandera pretendidamente democrática para subvertir la Constitución situándose deliberadamente al margen del Derecho no se integran en grupos marginales como cabría pensar, sino que están cómodamente instalados al frente de las instituciones. O en casos que nosotros hemos tenido que analizar en el Tribunal Constitucional concretamente de instituciones autonómicas".
"Y disponen por ello", añadía Conde-Pumpido, "de la preeminencia de los medios y de los instrumentos que les proporciona el propio marco constitucional para garantizar el autogobierno de su Comunidad incluida la disposición de cantidades relevantes de dinero público". Es decir, el magistrado progresista del TC y ex fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero hablaba sobre la subversión de la Constitución y la disposición de dinero público para estos fines. Los golpistas fueron condenados por el Supremo por delitos de sedición o malversación.
Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que precisamente "Conde-Pumpido fue uno de los magistrados que con mayor celo y rigor exigió entre bambalinas que Narváez debía apartarse en la causa del 1-O para salvar la imagen de imparcialidad e independencia del Tribunal Constitucional. Ha conseguido apartarlo y ahora tiene vía libre como experto de penal en este asunto". Esta postura supuestamente defendida por Conde-Pumido contra Narváez podría volverse en su contra.
Tal y como desveló este diario, el TC pactó con Conde-Pumpido como coordinador admitir a trámite todos los recursos de los golpistas del 1-O. Además, magistrados de su entorno en el Alto Tribunal "maniobraron" para tramitar un posible recurso sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, que obligó al Supremo a plantear una cuestión prejudicial ante la Justicia europea.
Las declaraciones de Conde-Pumpido
Extracto de la intervención del magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, sobre Cataluña durante el "Seminario del 40 Aniversario del ingreso de España en el Consejo de Europa" celebrado en el Congreso de los Diputados el 23 de noviembre de 2017.
El fenómeno adquiere un carácter singular si los que agitan esta bandera pretendidamente democrática para subvertir la Constitución situándose deliberadamente al margen del Derecho no se integran en grupos marginales como cabría pensar, sino que están cómodamente instalados al frente de las instituciones. O en casos que nosotros hemos tenido que analizar en el Tribunal Constitucional concretamente de instituciones autonómicas.
Y disponen por ello de la preeminencia de los medios y de los instrumentos que les proporciona el propio marco constitucional para garantizar el autogobierno de su Comunidad incluida la disposición de cantidades relevantes de dinero público o incluso la disposición de armas proporcionadas a sus Fuerzas de Seguridad para garantizar el cumplimiento de la legalidad.
Unos instrumentos que pueden en determinados casos vulnerando la lealtad constitucional desviarse de su finalidad esencial, que es precisamente cumplir las funciones establecidas Estado de Derecho, para invertir su destino y ser utilizados contra el Estado que constituye precisamente el fundamento de su autogobierno. Todo esto con la cobertura de estar supuestamente cumpliendo un mandato democrático, es decir que se invoca la Democracia precisamente como un forma de atacar el Estado de Derecho, cuando en realidad no puede existir Democracia, sin existir el Estado de Derecho. Y se alega un mandato emanado de unas elecciones que en realidad son elecciones para elegir unas autoridades autonómicas, pero que ilegalmente se reconvierten en un plebiscito independentista