Desde hace varios meses, el Gobierno de Murcia debe hacer frente a la pandemia del coronavirus y a la grave crisis económica. Todo ello en mitad de las luchas de poder y las ambiciones personales que tienen lugar en el seno de Ciudadanos, su socio de gobierno en la Región.
Según trasladan varias fuentes del Ejecutivo a Libertad Digital, la guerra abierta que mantienen desde hace tiempo la vicepresidenta, Isabel Franco, y la consejera de Empresa, Ana Martínez Vidal, a raíz de que esta última fuera nombrada coordinadora de Cs en la región el pasado mes de septiembre, dificulta la gestión del Gobierno hasta el punto de entorpecer su estabilidad.
Desde el Gobierno de Murcia de López Miras tratan de quitar hierro a la situación. "Con la que tenemos ahora con la pandemia y las restricciones de la Semana Santa no podemos estar pendientes de otra cosa", aseguran.
La polémica Ley de Presidencia
Pero en medio de la polémica cabe recordar que el pacto suscrito por PP y Cs en 2019 para hacer presidente a Fernando López Miras recogía la aprobación de una Ley de Presidencia para limitar el número de años que los miembros del Gobierno pueden estar en el cargo. La norma actual recoge que el presidente sólo podrá serlo durante un máximo de "dos mandatos", lo que impediría a López Miras volver a presentarse como candidato, ya que accedió al cargo en 2017 en sustitución de Pedro Antonio Sánchez, es decir, hace dos legislaturas, aunque en la práctica sumaría seis años una vez concluya su mandato vigente.
El pasado 23 de febrero, Cs presentó una proposición de Ley para modificar la Ley del Estatuto del Presidente. El texto sustituye el término "mandatos" por "ocho años consecutivos", lo que permitiría a López Miras seguir en el cargo durante al menos, dos años más, en caso de ganar las próximas elecciones autonómicas.
El hecho de que la propuesta parta de Cs sería una forma de ejercer presión sobre el PP para que, a cambio de facilitar la reelección de López Miras, éste lleve a cabo la ansiada remodelación de gobierno que haría a Vidal vicepresidenta, en sustitución de Franco.
La norma incluye un matiz importante y muy polémico, y es su entrada en vigor a partir del año 2023, y así Ana Martínez Vidal se aseguraría dos años en el cargo ya que López Miras no podría adelantar elecciones. No se podría ‘deshacer’ de Cs hasta entonces, en un momento en el que las encuestas no son favorables al partido naranja, y sí a PP y Vox.
Toda esta situación ha motivado que PSOE y Vox hayan presentado un recurso a los servicios jurídicos de la Asamblea para que aclare este aspecto, dejando en suspenso la aprobación de la norma.
La versión de Vidal
La consejera de Empresa, Ana Martínez Vidal, niega a Libertad Digital esas pretensiones y desvincula la Ley de Presidencia de las discrepancias internas que pueda mantener con Franco, que achaca al hecho de haber sido elegida coordinadora, y de contar con el respaldo de la actual dirección nacional de Inés Arrimadas.
Según explica, el hecho de haber presentado ahora la propuesta, en plena pandemia, se debe a la necesidad de sacar adelante los compromisos adquiridos cuando llegaron al cargo y que el coronavirus había dejado en suspenso.
Vidal asegura, además, que entre sus aspiraciones no está la de ser vicepresidenta, un cargo que considera simbólico, por carecer de competencias. "Tengo toda la visibilidad política, el cargo de vicepresidenta no me aportaría más", asegura, recordando que es también portavoz del Gobierno, además de consejera y coordinadora de Cs.
El apoyo de Vox
En medio de esta guerra, que podría desembocar en la ruptura en el seno de Cs, cualquier iniciativa que el Gobierno quiera sacar adelante debe contar con el apoyo de uno de los diputados de Vox, que consiguió cuatro representantes en las pasadas elecciones autonómicas, aunque tres de ellos fueron expulsados del partido por desavenencias con la dirección nacional.
El partido de Abascal ya ha mostrado su rechazo a sacar adelante una Ley de Presidencia que consideran hecha a la medida de López Miras y cuya aprobación respondería, según aseguran fuentes del partido, a "un pacto para repartirse los sillones" entre PP y Cs.
En caso de que el Ejecutivo quisiera sacarla adelante, tendría que apoyarse en uno de los diputados "tránsfugas" de Vox, lo que el partido de Abascal consideraría una "deslealtad" por parte de López Miras, al que advierten de que si sigue adelante, no volverían a apoyarle como presidente, en caso de que vuelva a ganar las elecciones.