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Podemos ocultó un gasto de 150.000 euros al Tribunal de Cuentas en las municipales de 2019

La coalición de Unidas Podemos-IU-Equo acabó la campaña con pagos pendientes por valor de 195.000 euros.

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La coalición de Unidas Podemos-IU-Equo acabó la campaña con pagos pendientes por valor de 195.000 euros.
Pablo Iglesias. | Dani Gago

El Tribunal de Cuentas ha detectado dos contratos de Podemos y la coalición de Unidas Podemos-IU-Equo con proveedores para la campaña de las municipales de 2019, por un importe conjunto de más de 150.000 euros, que no fueron comunicados a la institución fiscalizadora como establece la legislación, que obliga a informar de cualquier gasto electoral superior a los 10.000 euros.

El informe sobre la campaña electoral de las elecciones locales de 2019, al que ha tenido acceso Europa Press, también indica que la deuda pendiente de Podemos, IU y Equo con proveedores era de 195.000 euros al terminar el periodo de contabilidad electoral, por lo que se tuvo de realizar aportaciones posteriores ante la falta de asumir el importe por la tesorería existente.

No comunicó dos facturas de empresas gráficas

En el caso de Podemos, se trata de una factura de 105.017 euros de la empresa Grafisol Digital que no se ha comunicado al Tribunal de Cuentas. El otro caso es una factura de Grupo Ricarte por valor de 41.254,95 euros que la coalición Unidas Podemos-IU-Equo tampoco comunicó. Ambas sociedades se dedican a servicios de grafismo digital e impresión.

En materia de tesorería, a fecha de presentación de la contabilidad electoral, el espacio conjunto de las formaciones tenían facturas pendientes por valor 195.035,41 euros, que no era posible satisfacer por los recursos disponible entonces (31.428,59 euros) en la cuenta electoral. De esta forma, la mayor parte del pago pendiente requirió la incorporación de nuevos recursos fuera de la contabilidad electoral fiscalizada, lo que incumple la Ley Orgánica de Régimen Electoral.

Según el informe, Unidas Podemos-IU-Equo dispuso de 667.386,36 euros para la campaña, con un total de 523.981,90 euros en gastos electorales ordinarios declarados. El límite de gasto para el proceso estaba pautado en 987.868,86 euros, por lo que no se llegó a superar.

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